La sangre brotaba copiosamente del brazo izquierdo. Un hombre delgado gritaba desde una celda del pabellón C del ex penal García Moreno, pero nadie lo ayudaba. En el pequeño y oscuro cuarto solo estaban el herido y otro hombre, alto y musculoso.Los dos jugaban naipes, pero a la hora de pagar la apuesta hubo gresca. Este último sacó un cuchillo del cinto e hirió a su compañero de celda, porque no tenía 50 centavos para cancelar.
Sucedió hace cuatro años. El hombre delgado y de estatura baja está libre desde mayo último y evita recordarlo. “Esto es muy peligroso. Adentro está mi hermano y los enemigos pueden volarle (asesinarle)”. Accede a narrar lo sucedido con la condición de que se proteja su nombre, que se lo llame Jairo. “Las peleas son fuertes. Estuve ocho años encerrado. Quien quiere componerse lo hace, si no se pierde en ese mundo. Hay personas que pertenecen a bandas y dañan a los recién llegados”.
Para llegar al patio del pabellón C hay que caminar por un estrecho pasillo y cruzar cinco pesadas puertas metálicas cubiertas con mallas. En cada una hay un guardia vestido con camuflaje color café y botas.
Ese es el uniforme de los guías penitenciarios, quienes en la primera puerta cachean a las personas, retienen los objetos que estas portan y colocan un sello en el brazo: la marca para que los visitantes puedan salir.
En el panóptico, donde Jairo estuvo recluido, ahora hay 827 prisioneros, pese a que la capacidad del ex penal García Moreno es para 598 personas.
El hacinamiento
El 26 de junio del 2007, cuando se firmaba el Decreto 441 y se destinaban USD 40 millones a la emergencia carcelaria, el presidente Rafael Correa decía que con el plan de atención se disminuirá la sobrepoblación.
Un informe de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, con corte a julio, revela que, por ejemplo, en el cárcel de Archidona (Napo) estaban recluidas 419 personas, aunque había capacidad apenas para 200.
En la Cárcel 3 de Quito, en un estrecho calabozo viven hasta seis personas. El informe revela que la aglomeración se presenta en 30 de los 42 centros que operan en el país (ver cuadro). De hecho, al 30 de septiembre en Ecuador había 13 237 prisioneros, aunque la capacidad instalada de las cárceles es para 8 646. La sobrepoblación es de 4 591 internos. Sin embargo, antes del 2007 el hacinamiento era del 170% y ahora es del 29,5%.
Es viernes. La mañana en Quito es fría y nublada, pero en el patio los presos están con el torso desnudo, pantalones cortos y sandalias. Viven en un viejo edificio de paredes desconchadas y pequeñas ventanas cercadas con hierro. De estas cuelgan medias, zapatos y ropa para secar. Lo único que se escucha desde el patio son sórdidos gritos.
“Oye, lanza 50 centavos para la comida”, dice un hombre. “No te va a pasar nada, acércate y conócenos”, ofrece otro. Falta un poco para las 12:00 y cerca de la cancha de ecuavóley los presos hacen fila para el almuerzo.
Todos tienen vajillas metálicas y reciben el menú: sancocho de bagre, arroz con corvina apanada, limonada y mandarina como postre. Guillermo (nombre protegido) lleva ocho años y dice que la comida ha mejorado. “Antes era un desastre compañero, ahora nos tratan mucho mejor”.
La subsecretaria de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, Ledy Zúñiga, señala que el rancho para el desayuno, almuerzo y merienda subió a USD 2 por cada interno (antes era de USD 1). El área de cocina se ha remodelado. Las viejas y golpeadas ollas fueron cambiadas por calderos industriales. En las paredes se colocaron azulejos blancos y en el piso, baldosas.
La rehabilitación
Para Daniel Pontón, experto en seguridad y cárceles, el cambio en la comida es una arista más de la rehabilitación. “Hay avances, pero falta. No se ha mejorado la infraestructura (carcelaria), por ejemplo”.
En junio del 2008 estuvieron listos los diseños para construir 10 prisiones modernas en el país. Hasta el momento se han abierto solo los centros en Guayaquil (La Roca) y Santo Domingo de los Tsáchilas (dos pabellones). Para fines de este año se espera abrir la prisión de Sucumbíos, con capacidad para 600 personas. En Quito aún no hay fecha para la reubicación del complejo carcelario que está en el Centro Histórico (el ex penal, las cárceles 2 y 3 y el CDP).
En el artículo 201 de la Constitución se dice que el sistema de rehabilitación social ayudará integralmente a los sentenciados penalmente. Jairo recuerda que cuando intentó trabajar en carpintería no hubo materiales y que cuando estos estuvieron disponibles, no hallaron clientes.
El ex penal tiene talleres de carpintería, mecánica, pintura y educación. Jorge (nombre protegido) está en carpintería. Fue sentenciado a 16 años y desde hace cuatro se dedica a esta actividad. “Es duro, porque no hay a quién vender las cosas”.
Jairo reflexiona: “Se podía trabajar con escuelas, hospitales, ministerios pero no nos ayudaban. Querían que uno, que está encerrado, buscara clientes. Por eso mejor me salí de esa cosa”. En su brazo tiene tatuada un águila, para cubrir el corte de 10 centímetros, producto del ataque.
Un informe de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social refiere que en el ex penal García Moreno apenas 56 de 827 internos se dedican a alguna tarea. La Subsecretaría de Rehabilitación Social, del Ministerio de Justicia, refuta esa cifra y asegura que a escala nacional solo el 26% de los presos no está en un programa de rehabilitación.
¿Presos sin base legal?
207 prisioneros del país demandan la reducción de penas por méritos. Esa fue la causa de los últimos amotinamientos en Quito y Latacunga. El Ministerio de Justicia aprobó la rebaja, por buena conducta, para 24 internos. “Cómo quieren que nos quedemos, si aquí se mata el tiempo como sea”, dice un preso. Otro replica: “Aquí sí hay trabajo. Los vagos siempre serán vagos”.
De los 13 237 prisioneros registrados hasta el 30 de septiembre en el país, solo el 46% ha recibido sentencia. La Constitución reza: “Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social” (artículo 203, numeral 1).
6 123 prisioneros aún no reciben sentencia; a ellos se suman 965 contraventores. En la Penitenciaría de Guayaquil hay más presos sin sentencia: 3 037. Solo 561 cumplen condenas. En el ex penal de Quito, 728 de los 827 ya fueron sentenciados.
Jairo salió de ese presidio tras cumplir su pena. En dos ocasiones intentó acogerse a la rebaja, pero no lo consiguió. En los informes se dijo que se trataba de una “persona difícil de tratar”. “Ellos querían dinero, pero como no les di me dejaron abandonado”.
Esta práctica fue denunciada en dos ocasiones por el titular de la Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño. El funcionario indicó a este Diario que los informes favorables para la rebaja de sentencias dependían “del peso del dinero”. Hasta mediados de este año, los informes eran elaborados por los directores de prisiones, pero el Ministerio de Justicia les quitó esa potestad y la encargó a una comisión.
“No servía de nada ser bueno”, dice Jairo. “Empezando por el espacio físico es imposible recuperarse”. En el pabellón C ahora hay dispensadores de gaseosas, teléfonos y hasta una mesa de billar. Desde arriba se escuchan más voces. “Oye, ayuda a salir. Soy inocente, no maté a nadie”.