Ángel Z. R. denunció en la Fiscalía que desconocidos lo atacaron durante una riña en un bar, en Guayaquil.
Quería que sus agresores sean sancionados por las lesiones que le causaron y que, según él, lo mantuvieron en cama durante una semana.
Pero tras varias semanas abandonó la denuncia por sus ocupaciones laborales. “No tenía tiempo para los trámites”, dijo ayer.
No ocurrió lo mismo Luis G. R. quien presentó una denuncia por el robo de su vehículo y no dejó de lado el proceso. El delito fue investigado por el fiscal Justo Loor, pero transcurrió un año y no se pudo identificar a los asaltantes.
Eso motivó que ambas denuncias sean desestimadas; es decir, que la Fiscalía las deseche porque los fiscales consideraron que no se justificaba seguir investigándolas. Esta es una facultad que le da a los fiscales el art. 38 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En la normativa se dice que “el fiscal debe solicitar al juez, mediante requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, cuando sea manifiesto que el acto no constituye delito, o cuando exista algún obstáculo legal para el proceso”.
Entre el 2008 y el 2009, otras 60 891 denuncias ingresadas a la Fiscalía de Guayas se archivaron. Representa el 50%, de las 125 422 querellas que llegaron a esa dependencia.
Antonio Gagliardo, fiscal provincial, considera que las desestimaciones son una herramienta para depurar a la Fiscalía de los casos que no requieren investigación. Algunos de ellos, agrega, no representan delitos, sino contravenciones que deben ser tramitadas en las comisarías de Policía.
Otros casos, aclara, son abandonados por los perjudicados o no se llega a identificar a los delincuentes. “Son casos que no ameritan seguir una acción”.
El funcionario cree que el alto porcentaje de denuncias desechadas se debe a las exigencias de la entidad al trabajo de sus empleados. “Antes, los hechos eran denunciados y quedaban guardados en los escritorios. Ahora, los fiscales toman esas medidas porque son evaluados”.
Pero esa acción de los fiscales satura la Sala de Sorteos de la Corte Provincial. Allí llegan diariamente los pedidos de desestimaciones de la Fiscalía, para ser distribuidos entre los 17 juzgados de Garantías Penales de la ciudad. Estos jueces deben decidir si procede o no la petición fiscal.
“Nos crean un problema porque tenemos poco personal. Pese a que todos los días hay sorteos, los casos se acumulan por la cantidad”, comenta Alejandro Morán, jefe de Sorteos.
Esta dependencia recibió, en los dos últimos años, 35 240 solicitudes de archivos de denuncias y 6 947 en lo que va del 2010.
Eduardo Díaz Navarrete, juez tercero de Garantías Penales, explica que para evitar acumulaciones de estos procesos en los Juzgados, se cortó el trámite.
Por ejemplo, si son demasiado antiguas, no realizan la audiencia como lo establece el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, porque están prescritas. Pero Díaz indica que en ocasiones ese trámite se prolonga cuando requieren consultar al Fiscal Distrital antes del archivo provisional o definitivo de la causa.