14 de April de 2011 00:00

27 detenidos por supuesto vínculo con Al Qaeda, presos en una jaula

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El patio es de cemento y no tiene más de 20 metros cuadrados, junto a una habitación con baño en la antigua Cárcel 2 de Quito. En esa jaula, cercada por pesadas rejas hasta el tumbado, están confinadas 27 de las 66 personas de Oriente Medio capturadas la madrugada del 9 de marzo en una redada de la Policía en Quito.

Desde ese día, el habitáculo es vigilado por agentes de élite de la Policía. Usan pasamontañas, pero su parche en el pecho los delata como miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).Los gendarmes operan con disposiciones tajantes. Los detenidos tienen 10 minutos para recibir visitas los martes y jueves. Pero durante esos encuentros solo pueden comunicarse bajo vigilancia. Una mujer cercana a uno de los extranjeros recuerda que en los primeros días de la aprehensión los familiares no pudieron tener contacto directo.

¿Por qué tanta seguridad? Una funcionaria judicial confirmó ayer que este es un tema de seguridad nacional y que no se podía filtrar información a nadie. La Policía lo dispuso, “en vista del peligro que corren los ciudadanos ecuatorianos”. Esa orden era para todos, según la funcionaria.

De hecho, al siguiente día de la captura, los jefes policiales dijeron no conocer nada del tema y el hermetismo en el Alto Mando se mantiene hasta ahora. Solo el ministro del Interior, Alfredo Vera, admitió a EL COMERCIO que seis de los 66 detenidos habían sido deportados a EE.UU. porque figuraban en la lista de la Interpol. Pero dijo desconocer si pertenecen a una organización terrorista.

“Son ciudadanos que ingresaron al país y tienen código rojo, es decir, son buscados a nivel internacional por la Interpol y EE.UU.”, señaló la funcionaria.

Uno de los seis deportados es Ahmed A. Su nombre coincide con el de un fugitivo que aparece en los archivos del FBI. Allí se señala que él tiene vínculos con Osama bin Laden, cabecilla de la organización Al Qaeda.

Los otros cinco hombres deportados supuestamente estaban vinculados a Ahmed A.

Christian Navarro, abogado de un extranjero, dice que todos los apresados están calificados como sospechosos de ser parte de esta red criminal: “La Embajada de Estados Unidos en Quito estaba tramitado la deportación de todos a ese país, pero el tema quedó allí por el ‘impasse’ diplomático”.

Sentado en una vieja y gruesa mesa de madera, uno de los detenidos cuenta que los hombres que fueron llevados a EE.UU. también estaban en la jaula.

Él habla español, y es el intérprete de otros presos. “Aquí solo nos dan arroz con banano y arroz con queso”. Por eso los detenidos pidieron que se improvisara una cocina para preparar ruti, una tortilla clásica de Oriente Medio. El extranjero habla en voz baja y despacio y dice que no sabe nada de las supuestas redes terroristas.

Este Diario conoció que los jueces de flagrancia ordenaron la deportación de seis apresados porque no tenían los documentos en regla, sin conocer su supuesta vinculación a la red Al Qaeda.

A los jueces que tramitaron las deportaciones no les alertaron. Un funcionario de una de esas judicaturas dice que fueron notificados de aquello solo después de que se resolvieran las deportaciones a EE.UU. “Unos policías que estaban vestidos con ropa civil se acercaron a decir que los detenidos tenían código rojo, para que en adelante no vaya a pasar nada y tengamos cuidado”.

Documentos que reposan en los juzgados revelan que el grupo deportado a Estados Unidos ingresó a Ecuador a inicios del 2009. Pese a que en esa época para ingresar a Ecuador los ciudadanos de Oriente Medio no requerían visa, en los juzgados consta que los hombres entraron al país con visas de turismo. Estas caducaron en enero del año pasado. Tampoco registraban empleo fijo en Ecuador. Familiares de Hussain M., deportado a EE.UU., sostienen que él vendía incienso en la ciudad.

Uno de los detenidos asegura tener visa de negocios. Él dice que no ha cometido delito alguno. “Queremos salir ya de este lugar”. Diego Benítez, defensor de uno de ellos, pedirá un hábeas corpus, pues dice que su defendido también tiene visa comercial.

Sin embargo, la fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado Transnacional, Tania Moreno, confirmó ayer que también se abrió una instrucción para determinar si el grupo incurrió en el delito de trata de personas. “No puedo decir si son víctimas o victimarios. En este momento estamos en investigaciones justamente para determinar eso”. Inicialmente se dijo que la detención se produjo precisamente por este delito y por narcotráfico.

En la Defensoría del Pueblo también prepara un pedido de hábeas corpus, para tratar de liberar a quienes tienen en curso solicitudes de refugio (23 detenidos). En la cárcel ninguna autoridad se pronuncia. Los detenidos solo salen de la jaula cuando hay visitas o cuando necesitan limpiar los utensilios de cocina. Uno de ellos dice que en otro pabellón hay más detenidos y que el martes fueron liberadas dos personas, pues sus defensores justificaron que tenían estatus de refugiados.

La ropa lavada de los detenidos se seca sobre las ventanas con la poca luz que entra desde un techo de material transparente.

Desde una ventana se observan camas tipo litera. A dos metros de la jaula están las oficinas de los policías. Unos están uniformados y tienen chalecos antibalas y otros visten de civil y pasan en una pequeña garita de vigilancia.

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