22 de April de 2011 00:00

24 extranjeros salieron libres luego de 43 días de detención

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pasadas las 17:00 de ayer, 24 extranjeros de Oriente Medio dejaron la Cárcel número 2 de Quito. Esto, luego de que en la mañana, el juez de Tránsito, Marco Tamayo, aprobara el pedido de hábeas corpus y ordenara la libertad.

En este sitio, también conocido como Centro de Acogida y ubicado en el Centro Histórico, el grupo de extranjeros permaneció detenido durante 43 días. La liberación ocurrió luego de que llegara la notificación del Juzgado ante la Dirección de la cárcel.

Después de conocer el fallo del juez, el director nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Patricio Benalcázar, dijo que la posibilidad de demandar al Estado ecuatoriano por estas detenciones “tendríamos que valorarla detenidamente y esta es una decisión que deben tomar los migrantes”.

El grupo de extranjeros fue detenido en una redada policial la madrugada del 10 de marzo. Ese día se allanaron 11 inmuebles y se aprehendió a 67 personas.

Tres días después, seis de ellos fueron deportados a Estados Unidos, pues tenían difusión roja de la Interpol. Según la página internacional de este organismo, al menos uno de ellos tenía vínculos con la organización Al Qaeda.

El allanamiento que se hizo en tres zonas fue ordenado por Juan Pablo Hernández, juez XXII de Garantías Penales de Pichincha, a pedido de la fiscal de Pichincha, Thania Moreno. Esto por el supuesto delito de trata de personas. Pero el alegato de la Defensoría del Pueblo es que nunca hubo una orden de detención.

Tras el dictamen del juez Tamayo, el Director de DD.HH. de la Defensoría del Pueblo señaló que “esto es lo que debía ocurrir (libertad para el grupo de extranjeros), ya que las detenciones fueron arbitrarias, ni había órdenes de una autoridad competente”.

Por eso, la Defensoría del Pueblo solicitó el hábeas corpus luego de las decisiones de deportación que resolvieron los jueces de contravenciones de tres zonas de Quito, en las audiencias de entre el 10 y el 12 de marzo.

Luego de una visita a los detenidos, el 15 de marzo, la Defensoría concluyó que durante la aprehensión ocurrieron presuntas vulneraciones a los derechos humanos y al debido proceso.

El organismo denunció que se los mantuvo incomunicados, sin la posibilidad de que hagan ninguna llamada telefónica ni contactarse con algún abogado o familiares. Según la Defensoría, los detenidos dijeron que se les retiró sus pasaportes, tarjetas y más documentos de identificación.

Además, el 8 y el 11 de abril la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que 24 detenidos han solicitado refugio en el país.

Con base en esa certificación, la Defensoría del Pueblo pidió el recurso de hábeas corpus. También se respaldó en normas, convenciones y declaraciones sobre derechos humanos.

Otros cuatro extranjeros también fueron liberados en días pasados. Ellos lograron su libertad mediante las gestiones de su defensa particular. Los argumentos se relacionan a que estas personas se mantenían bajo un estatus legal migratorio. Cristian Navarro, abogado de un extranjero, dijo que un defendido más permanece aún detenido.

En tanto, ayer en la Corte de Justicia se realizó otra audiencia de hábeas corpus solicitada por la defensa de otro de los extranjeros.

Este llegó a las 11:30 al Juzgado X de lo Penal custodiado por tres uniformados del Grupo de Operaciones Especiales. Lo acompañó su abogado, Diego Benítez, quien expuso ante la jueza Rita Bravo, varios alegatos sobre que la detención fue ilegal.

La jueza de Contravenciones, Gladys Angos, dijo que el detenido no presentó documentos. Benítez señaló que “durante la redada, los policías destruyeron los papeles. Él tiene visa de comerciante, certificados de que fue censado, etc”. El lunes la jueza Bravo daría su dictamen sobre este caso.

Hasta ayer ya fueron liberados 30 extranjeros. Sobre el resto de detenidos, Patricio Benalcázar señaló que se analiza caso por caso para determinar su situación migratoria en el país. Luego la Defensoría del Pueblo decidirá si se inicia la defensa respectiva.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)