Este país registra un alto rechazo a la legalización de drogas y no existen movimientos políticos o sociales relevantes que apoyen la iniciativa.
Las políticas de drogas en Chile están a cargo del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) -institución dependiente del Ministerio del Interior-, que ejecuta los programas de prevención y tratamiento, mientras que dicha cartera de Estado se ocupa de diseñar las estrategias en relación a ellas.
En Chile el consumo de drogas no está considerado un delito (aunque contempla sanciones), a diferencia del tráfico, que es perseguido con todos los medios de que dispone la policía y la Justicia. Es así como, actualmente, se desarrolla para el 2011 la primera “Estrategia Nacional de Control del Tráfico de Drogas”.
Esta orientación del gobierno se refiere a una línea teórica importante, la cual postula que la calidad y la eficacia de una política de drogas, se debe en gran medida a la capacidad de generar un equilibrio entre las tres dimensiones fundamentales de una política de drogas: prevención, tratamiento y control.
En Chile existen voces que abogan por la legalización de las drogas, particularmente a través de revistas especializadas o artículos académicos, y basan sus argumentos en la despenalización, en que existen libertades humanas que deben respetarse siempre y cuando no comprometan la libertad de otros. Este argumento se asocia comúnmente al consumo de drogas blandas como la marihuana.
Asimismo, se asocia a este último punto la idea de que es posible, con tal legislación, disminuir los delitos relacionados con las drogas, ya sea para conseguir droga o ejecutados bajo sus efectos, en la medida que desaparece el mercado negro destinado a proveerla.