Los ojos de la colombiana Gumercinda R. se llenan de lágrimas al recordar a su hijo Ezequiel R. Él fue apuñalado en el pecho, en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos.
La mujer de tez trigueña y baja estatura, oriunda de Nariño, relata con voz entrecortada que un sicario, que se confundió de víctima, eliminó hace cuatro años a quien era el único sostén económico y moral del hogar.Su tragedia se inició el 12 de mayo del 2005, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se llevaron a su otro hijo de El Empalme (Colombia). Los vecinos le dijeron que los subversivos tenían planes para regresar por su otro hijo. Por eso, abandonó su casa y viajó a Ecuador con Ezequiel, para evitar que la agrupación subversiva también se lo arrebatara.
Se radicó en Nueva Loja, pero al cumplirse un año del secuestro, tuvo que enfrentar otra desgracia: asesinaron a Ezequiel R. Desde ese momento, una pequeña radio a pilas, que lleva a todas partes para escuchar música, es su compañera inseparable.
No tiene casa fija. Lava los cadáveres que llegan al cementerio de Nueva Loja a cambio de unas monedas. También los peina y viste antes de ser enterrados.
Por ese trabajo cobra entre USD 20 y USD 40. Sentada en la puerta del camposanto, todos los días espera la llegada de un fallecido para subsistir.
Abraham Cerbone, panteonero del cementerio, la observa a pocos metros. Él trabaja en el campo santo desde 1993. Recibe USD 830 por enterrar a los muertos, limpiar la morgue; señalar los nichos y buscar un lugar para los cadáveres sin identidad (NN).
Él cuenta que el promedio de asesinatos en Sucumbíos se ha reducido en los últimos dos años. La cantidad de fallecidos que llegan mensualmente a la morgue era de entre 12 y 15. “Cuando comenzó el Plan Colombia, en el 2002, había de 25 a 30 por mes”. Pero los datos contrastan con los de la Policía. En el 2002 hubo 117 muertes violentas, solo tres más que en el 2009. Es decir, el índice se mantiene.
El informe de la Comisión de la Verdad señala que en Sucumbíos se dieron 959 casos de violación de DD.HH. entre 1984 y el 2008. De ellos, el 98% (940) corresponde a homicidios y el 2% (19) a desapariciones forzadas.
Del universo de casos registrados por dicha Comisión, solo en 372 se ha realizado el respectivo levantamiento de cadáver. Además, en 260 estuvo presente una autoridad competente y únicamente se les practicó la autopsia médico legal a 232 cuerpos.
Cerbone trabaja 12 horas diarias en el cementerio. Su jornada laboral empieza a las 06:00 y termina a las 18:00. Asegura que ha visto toda clase de muertes y ya “nada le impacta”.
Según Cerbone, unos 200 NN han sido enterrados en el cementerio. Las tumbas no tienen cruces ni lápidas; son montículos de tierra que pasan desapercibidos a simple vista de los visitantes.
El último cadáver sin identidad que llegó fue el de Dayana, quien falleció por una herida de arma de fuego. Fue sepultada hace unos dos meses y nadie la ha visitado o reconocido. Solo se sabe su nombre porque ella alcanzó a decirlo cuando agonizaba. Cerbone narra que era una chica bonita y de tez blanca.
El sepulturero dirige su mano hacia un espacio que luce como si estuviese vacío, junto a un árbol de pumarosa (árbol frondoso de la zona). “Ahí tengo cinco enterrados. Por esos no ha venido nadie. Tienen unos tres años aquí”.
En Nueva Loja, la mayor parte de los crímenes es causada por armas de fuego (ver cuadro adjunto). El comandante de Policía de Sucumbíos (e), Héctor Viteri, señala que no existe una cifra exacta de asesinatos u homicidios relacionados con el sicariato.
A su juicio, el problema radica en que esta clase de ilícito no ha sido tipificado en el Código Penal. Dice que no se puede calcular un promedio exacto de personas que han fallecido de esa manera.
El oficial sostiene que “en la mayoría de casos, los fallecidos tenían antecedentes penales”.
Refiere supuestos ajustes de cuentas o rivalidades entre bandas y pandillas locales . Supuestamente se enfrentan por el liderato del territorio. Viteri dice que estos crímenes no pueden ser relacionados directamente con el sicariato, pues se trata de muertes violentas. No hubo una compensación económica de por medio.
Una de las muertes por sicariato que causó mayor conmoción en la provincia fue la del ex concejal del cantón Cascales, César Basurto. Fue asesinado el 29 de agosto del 2007, cuando se encontraba en su panadería. Se hallaron cuatro balas en su cuerpo.
Juan P., un allegado a la víctima, recuerda que antes de ser asesinado, Basurto le contó cómo era su trabajo. “Me decía que no tenía problemas con nadie, excepto con un funcionario al que no le gustaba que hiciera labores de fiscalización”.
Basurto le contó que el funcionario le ofreció USD 30 000 para que lo dejara trabajar tranquilo, pero el ex concejal se negó a recibir el dinero.