29 de May de 2010 00:00

15 780 hectáreas se adjudicaron dolosamente

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Unidad de Investigación

La adjudicación supuestamente dolosa de miles de hectáreas en varias provincias se convirtió en una práctica común en el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA. Según informes de la Contraloría y otros organismos estatales de control, los funcionarios, en diversas administraciones, han avalado la entrega dolosa de predios que pertenecían a otros dueños. Pese a que las propiedades constaban en los registros de la entidad a nombre de otras personas, se autorizaban planos, recibían pagos por la venta de tierras y daban paso a la titularización. En muchos casos eso ha desencadenado graves conflictos entre los dueños legales de los bienes y los nuevos adjudicatarios. También se han detectado redes de adulteraciones de documentos elaborados fuera de la institución. Las denuncias de estos ilícitos han sido recurrentes, incluso con demandas penales avaladas por informes de la Contraloría. Y el actual Régimen no fue la excepción. Desde el año pasado, decenas de afectados, especialmente asociaciones campesinas, presentaron sendas denuncias documentadas a diferentes instituciones: entre ellas la Presidencia, la Asamblea, el Consejo de Participación, los ministerios del Ambiente, Gobierno y Agricultura, y el propio INDA, que acaba de ser intervenido. Este Diario documentó la entrega aparentemente ilegal de 15 780 hectáreas en Esmeraldas, Imbabura, Guayas, Auay... Entre los casos más relevantes desde 1994 se destacan: la adjudicación de 10 000 hectáreas en la reserva Cotacachi-Cayapas, entre Esmeraldas e Imbabura (denunciada por EL COMERCIO hace dos semanas); de 1 864 hectáreas en Punta de Espada y Changural en una zona protegida de Manglar (Esmeraldas); 1 095 hectáreas adjudicadas en la isla Escalante, en el bosque protector de manglar (Guayas); 1 718 hectáreas, en la isla Pampanal de Bolívar (Esmeraldas), en el bosque protector. También se descubrieron procedimientos fraudulentos en la entrega de un lote de 400 hectáreas en Santa Rosa (Esmeraldas), en una zona del patrimonio forestal; de 346 hectáreas, en la parroquia Carlos Concha (Esmeraldas); de 120 hectáreas en El Carmen (Manabí); de 74 hectáreas en El Refugio (Esmeraldas); de 103 hectáreas en Imbabura. En siete de estos casos, la Contraloría expidió informes con responsabilidades administrativas y penales determinando, entre otras cosas, que las providencias de adjudicación realizadas en su mayoría en las regionales provinciales del INDA no fueron ingresadas al Archivo General de Expedientes en Quito; que en un caso los papeles de adjudicación fueron adulterados y que los valores cancelados por los nuevos adjudicatarios no ingresaron a la cuenta del INDA; que en buena parte de las adjudicaciones se pasaron por alto los informes de entidades oficiales que no autorizaban los trámites porque las tierras eran parte del patrimonio forestal o zonas de reserva. El caso más reciente, que involucra a ex funcionarios del INDA es el de la adjudicación de 10 000 hectáreas en la reserva Cotacachi-Cayapas. Desde fines del 2007, las organizaciones Nuevo Amanecer, El Sande, Daniel Ruiz Palma y la Tierra ya es de Todos, han legalizado planos, órdenes de pago y autorización de titularización en regionales del INDA. En este caso están involucrados ex miembros del Consejo Directivo de la institución y ex funcionarios del Ministerio de Agricultura, así como el ex delegado del INDA en Esmeraldas, Byron Cedeño. Según varios documentos en poder de este Diario, Cedeño certificó que la Corporación Nuevo Amanecer era propietaria de las 10 000 hectáreas, aunque otros documentos de la entidad establecen que pertenecen a otros dueños.Ángel Gómez, presidente de la Federación de Organizaciones Propietarias de los Predios, dijo que “los dirigentes de todas esas asociaciones de invasores de tierras así como los funcionarios involucrados fueron demandados penalmente en la Fiscalía”.

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