22 de March de 2010 00:00

En 12 años no se nombran a los jueces de paz

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Redacción Judicial

La pequeña sala donde funciona la Comisaría de Contravenciones Flagrantes (Juan L. Mera y Roca) siempre está concurrida. Es miércoles y Verónica Aguirre, la comisaria que ese día estuvo de turno en la Policía Judicial (PJ), recibe cada día denuncias por arranche de celulares, robo de carteras, peleas entre vecinos' En total, cada día ingresan hasta 20 causas.

Los comisarios pueden actuar en 119 tipos de contravenciones agrupadas en cuatro clases. Lo hacen aunque desde el 5 de junio de 1998, la Constitución aprobada en Sangolquí (afueras de Quito) determina que esa tarea corresponde a los jueces de paz.

El artículo 189 de esa norma establece que ellos “resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones”. Diez años después, la Asamblea de Montecristi ratificó el texto. Desde allí han pasado dos años más y hasta hoy no se concreta la creación de esos juzgados.

En el Ministerio de Justicia, la subsecretaria de Coordinación Interinstitucional, Carla Hidalgo, dice que sí hay avances en el tema. En diciembre del 2009, se contrató en USD 30 000 una consultoría para establecer la estructura jurídica que regirá para los nuevos jueces. Pero todavía no se sabe cuándo estará el informe final.

Hidalgo aclara que esta es la única contribución del Ministerio de Justicia en la implementación de juzgados de paz y que el resto depende del Consejo de la Judicatura (CJ). En ese organismo, el principal problema es el presupuestario. El director general del CJ, Gustavo Donoso, reconoce que crear cada judicatura (juez, secretario, ayudante y amanuense) cuesta de USD 80 000 y 90 000 cada año. “Poco a poco buscaremos alternativas presupuestarias para cubrir esto”.

El funcionario sabe que la falta de estos jueces retarda el juzgamiento de las contravenciones.

La Comisaría donde atiende Aguirre funciona por turnos. Allí actúan cuatro comisarios que hay en Quito, pero únicamente hasta las 22:00 y no las 24 horas como lo hacen los fiscales que en el mismo edificio de la PJ tramitan delitos flagrantes (asalto a mano armada, por ejemplo).

Si una persona acusada por contravención flagrante ingresa a la PJ luego de las 22:00 debe esperar al siguiente día para el juzgamiento. Eso lo reconocen el comisario tercero, Danny Roa, y el asesor jurídico de la Policía Judicial, Patricio Marcillo.

Carlos P., por ejemplo, fue detenido a las 23:15 del martes supuestamente por abrir un vehículo estacionado en las avenidas 10 de Agosto y NN.UU. e intentar robar el radio. El dueño del auto y tres amigos detuvieron al joven.

Diez minutos después, dos policías lo arrestaron y a las 23:45 cuando ingresó a la Policía Judicial la Comisaría ya no atendía.

Al siguiente día, la hermana de Carlos P., Rocío P., permanecía en la puerta principal de la PJ. “Estoy esperando a que salga, porque no robó nada y ni hay ni denuncia”.

En la Asamblea del 2008, el legislador oficialista Gabriel Rivera fue parte de la Comisión siete de Justicia. Hoy sigue como asambleísta de Alianza País y advierte que la idea de crear Jueces de Paz precisamente fue agilitar el juzgamiento. “(Los jueces) ya deberían existir, pero es responsabilidad del Consejo de la Judicatura”.

Por eso, Roa advierte que están en funciones prorrogadas.

Para crear los juzgados tampoco existe espacio físico, mobiliario ni equipos. Una vez creada la Unidad de Flagrancia en la Policía Judicial, los comisarios ocuparon una parte de la planta de esa institución. En esa oficina, con piso de baldosa, puerta de madera y que no mide más de cuatro metros cuadrados, se receptan denuncias, se realizan audiencias, ingresan detenidos y acusadores...

Donoso maneja una alternativa para la creación de los juzgados. Él funcionario dice que se puede esperar a que los recientemente posesionados miembros del Consejo de Participación Ciudadana nombren a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Y que ese organismo convoque a los interesados en ser jueces de contravenciones y los elijan.

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