17 de June de 2011 00:01

‘Entre 11% y 14% de los homicidios en 2010 fueron asesinatos contratados’

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El cadáver del extranjero Ernesto P., de 24 años, asesinado el sábado junto a Jennifer G., de 26, en la av. De la República, fue reclamado ayer. Sus familiares llegaron a Ecuador para repatriarlo.

La Policía sospecha que se trató de un caso de sicariato, por un posible ajuste de cuentas. La víctima registraba antecedentes penales por una detención por presunto robo. “Sicariato”, “ajuste de cuentas”, “antecedentes”.

Esas tres categorías constan en el informe final sobre Ecuador que el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, presentó en Ginebra en el 17º período de sesiones del Consejo de DD.HH., que concluye hoy.

“La delincuencia organizada es un problema cada vez más grave en el Ecuador”, concluye Alston en un documento de 31 páginas. Allí el funcionario señala que el índice de homicidios en el país “se ha disparado en los últimos 20 años, y ha llegado casi a duplicarse al pasar de 10,3 homicidios por cada 100 000 habitantes en 1990 a 18,7 en el 2009”.

Ese incremento se atribuye -dice Alston- a diversos factores, entre otros, a una “mayor actividad de la delincuencia organizada, el aumento del tráfico de drogas, las elevadas tasas de uso indebido de drogas y alcohol y la inseguridad económica”.

El Relator sostiene que en el país operan al menos 700 bandas delictivas, y que estas se mueven desde Guayas y Pichincha. “Entre el 11% y el 14% de los homicidios ocurridos en 2010 fueron asesinatos contratados, lo que supone alrededor de 450 asesinatos (tipo sicariato) por año”.

Según Alston, “estos asesinatos suelen ser cometidos por hombres enmascarados que trabajan solos o en pequeños grupos y disparan a sus víctimas desde una motocicleta en marcha”.

El doble crimen de los extranjeros el sábado, en Quito, tuvo esas características. Ellos esperaban en un auto a que el semáforo de las avs. De la República y Eloy Alfaro cambiara a verde, cuando desconocidos llegaron en una moto y descargaron 23 balas.

“Los asesinos rara vez son identificados y casi nunca capturados”, enfatiza el Relator, quien sostiene que la impunidad de la “que gozan los sicarios” es “casi absoluta”. A su juicio, eso se debe a que el Gobierno difícilmente puede controlar, como a la reticencia de los familiares a denunciar los asesinatos y a la ausencia de testigos o el miedo de estos.

“La impunidad también se debe a la falta de voluntad de la Policía y los fiscales de investigar a fondo todos los asesinatos contratados”. Alston recomienda indagar todas las muertes, incluso las de víctimas con antecedentes. Critica que la Policía de Ecuador conceda “una importancia injustificada a los antecedentes” policiales de la víctima. “Esa categoría es ideal para encubrir delitos”.

Asimismo, agrega, la categoría de “ajuste de cuentas” que utiliza la Policía para clasificar los diferentes tipos de asesinatos “está mal definida”.

Según las estadísticas del Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática (Sigob), de enero a abril de este año se reportaron a escala nacional 829 homicidios y asesinatos. De estos, 210 en Guayaquil y 84 en Quito.

Para el fiscal de Pichincha, Marco Freire, las muertes en la actualidad son más violentas. “En otros años solo asaltaban y máximo les golpeaban a las víctimas. Ahora las muertes son crueles, los delincuentes son más agresivos”, reconoce.

Un funcionario de Medicina Legal de la Policía coincide con ese criterio. Relata que hace 30 años, las muertes violentas se daban, en su mayoría, por accidentes de tránsito. “Ahora se utilizan armas de fuego sofisticadas. Antes los asesinados con armas de fuego tenían uno o dos tiros, ahora llegan con cinco o seis disparos”.

Alston destaca que hay sicarios que publicitan abiertamente sus servicios (de sicariato) en Internet o que se los pue-de encontrar en bares. “Pueden ser relativamente baratos: según las estimaciones de la Policía, su sueldo oscila entre USD 200 y USD10 000, dependiendo de la víctima, de la ‘habilidad’ y la reputación del asesino y de lo complicado que sea el asesinato”.

La Fiscalía 1 de la Unidad Especializada de Personas y Garantías investiga la muerte del extranjero Óscar G., asesinado el 9 de mayo del 2010. Un testigo dijo en su versión, incluida en un folio del caso en la Fiscalía, que a él le ofrecieron pagar USD 1 000 para asesinar al foráneo y que se negó.

Los sicarios profesionales son más caros, recoge el documento. Estos son contratados por un “autor intelectual”.

“Los sicarios y los intermediarios suelen estar asociados a grupos de delincuencia organizada. Antes, muchos asesinos profesionales eran extranjeros, pero ahora se recurre cada vez más a asesinos locales”, señala Alston.

“Los asesinatos contratados no son nuevos en el Ecuador; en los años 80 y 90 se produjeron numerosos casos por motivos políticos. Sin embargo, el alcance y la naturaleza del problema han cambiado significativamente en los últimos años”, dice el Relator.

Punto de vista
Eduardo Jarrín / Experto en seguridad
'Es indiscutible que el sicariato aumentó'
El sicariato ha tenido un proceso de crecimiento en el país. Eso es indiscutible y no se pueden negar las estadísticas que demuestran esta realidad.

Tenemos que atribuir este nivel de inseguridad a las bandas delictivas que están dedicadas al sicariato, al lavado de dinero y a otros delitos.

Si el Relator Especial dice que en muchas ciudades a los sicarios se los puede hallar en bares y que cobran hasta USD 20 para dar muerte es importante hacer investigaciones fuertes y que la Policía haga infiltraciones, para que se vaya desarticulando esas bandas.

Y si dice que la gente piensa que es más eficaz contratar sicarios, que ir a los tribunales eso es terrible, porque estaríamos regresando a la ley del talión. En el país hay un sistema judicial y todos debemos respetar esos parámetros.

Recomendaciones del informe final

El Relator de las Naciones Unidas dice en su documento
El Gobierno de Ecuador debería complementar una estrategia nacional para frenar el sicariato. Ampliar la información sobre la distribución geográfica de los homicidios y adaptar las actividades de patrullaje en consecuencia.

Estudiar las causas del aumento de los asesinatos por sicarios, con un análisis del modo en que se llevan a cabo y de los motivos que los provocan. Fomentar la cooperación entre la Policía y los fiscales.

Promover estrategias de investigación y enjuiciamiento orientadas no solo a los sicarios, sino también a los autores intelectuales de los delitos e
intermediarios. Dejar de usar la categoría de 'ajuste de cuentas' que usan policías y fiscales.

Abordar el problema de los chulqueros y su papel en los asesinatos cometidos por sicarios. Estudiar reformas del sector oficial de préstamos para que más ciudadanos puedan obtener préstamos legales;

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