23 de November de 2011 00:01

10 judiciales van a juicio por cohecho

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

La información comenzó a difundirse en la mañana, pero se confirmó en la tarde. La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a 10 judiciales presuntamente involucrados en un caso de cohecho al negociar cargos en la función judicial.

Entre las personas que deberán enfrentar un proceso legal por este delito están, por ejemplo, dos jueces del Guayas y los hermanos Francisco P. y Juan P. Estos dos últimos reconocieron que el 12 de mayo pasado colaboraron con el ahora ministro del Interior, José Serrano, en el operativo para detener a las personas que desde Guayaquil llegaron presuntamente para negociar cargos.

En esa tarea también actúo Diego V., consultor particular de Justicia. No obstante, él no fue llamado a juicio. En la Corte Nacional se dijo que eso ocurrió, porque la Fiscalía “no lo acusó”.

El fallo llegó a los casilleros judiciales de las partes a las 15:00 y tras ello los familiares de Diego V. se mostraron satisfechos por el pronunciamiento judicial. “El juez se dio cuenta de que cometió un error en el caso de mi familiar, sin que la Fiscalía le haya acusado y sin que haya encontrado méritos”, señaló un pariente.

La semana pasada, cuando este Diario habló telefónicamente con Diego V. , él manifestó que no pueden enjuiciarlo, porque no fue funcionario público, sino consultor particular que trabajaba en temas de sistema penitenciario.

Aseguró que por esa consultoría que duró de enero a junio de este año, Justicia debería pagarle USD 47 000 y que no lo ha hecho hasta el momento.

“La ministra (de Justicia, Johana) Pesántez me dijo: yo no lo contraté, sino (José) Serrano. Así que muchas gracias”, relató Diego V.

El caso de cohecho comenzó el 12 de mayo, cuando en una cafetería del norte de Quito la Policía detuvo a los judiciales en el momento en que aparentemente intentaban pagar por los cargos.

El día del operativo, el Ministerio de Justicia desplegó ampliamente el caso a través de su portal de Internet, donde detalló que “en poder de los sospechosos se hallaron USD 20 000 (17 000 en cheque y 3 000 en efectivo)”. Y que este sería el primer pago, porque faltarían USD 480 000.

En un comunicado que ayer envió a este Diario, el Ministerio del Interior dice que Serrano calificó de infamia “las imputaciones en contra de funcionarios y consultores del Ministerio de Justicia, que contribuyeron con la investigación de casos de cohecho”.

Este comunicado oficial es del 16 de noviembre. El lunes, el ministro Serrano aseguró que solamente uno de los hermanos que está implicados en este caso trabajó directamente para el Ministerio que él dirigía.

Pero ayer este Diario obtuvo el contrato ocasional que el 11 de abril Juan P. firmó con el Ministerio de Justicia. También el contrato que el 11 de abril del 2010 Francisco P. suscribió con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. De hecho, este último en fotografías aparece con trajes de guía penitenciario.

Sus familiares dijeron que laboraba como supervisor nacional.

El 12 de mayo, los tres ex funcionarios de Justicia fueron decisivos para el arresto de los judiciales.

Ellos aseguran que ese día siguieron instrucciones de Serrano para el operativo en la cafetería.

Antes de conocer el fallo de la Corte, el abogado de los ex funcionarios de Justicia, Juan Campaña, decía que entrará de “lleno al proceso”. Pero aclaró: “Para configurar el delito se necesitan dos personas. Para la Fiscalía había un presunto delito de cohecho, pero requería conectar ese aspecto bilateral y la forma de hacerlo fue vinculando a los hermanos”.

¿Qué pasaba si aquello no ocurría? Se caía el proceso, dice el abogado. Por ahora, la defensa analiza pedir la versión de Serrano, para saber exactamente qué pasó el día del arresto del grupo.

El Ministro sostuvo que los abogados están en su derecho. “Estamos siempre prestos de manera transparente a acudir a todas las instancias y le vuelvo a reiterar: tanto juez corrupto exista en el país, nosotros lo denunciaremos”.

Hasta antes de conocer el fallo de la Sala Penal, Diego V. seguía en la clandestinidad. Desde allí dijo que el caso, que en un inicio fue judicial se volvió político.

En la Corte se señaló que una vez llamado a juicio, el fallo definitivo podría dictarse en unos 30 días y que de hallarse culpables la pena es de reclusión mayor que va de tres a seis años. Ayer, en Guayaquil, donde están los jueces implicados, se esperaba conocer el pronunciamiento de la Corte.

La consultoría

Familiares de Diego V. mostraron documentos en donde se dice que el 16 de mayo    entregó  un informe preliminar de la consultoría del sistema penitenciario.
   
En otro documento, del  15 de noviembre pasado, se dice que la contratación de una   consultoría queda desierta por haber sido inhabilitadas  las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)