22 de December de 2012 00:01

‘10 de Luluncoto’ comparecerán el 21 de enero por juicio de terrorismo

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La espera fue larga. Pero ayer, siete de los ‘10 de Luluncoto’ dejaron el Centro de Detención Provisional (CDP), que opera en el centro de Quito. La aparición del grupo causó un estallido de aplausos y gritos de la gente que los esperaba en los exteriores.

A medida que se acercaban a la puerta exterior de la prisión, Héctor Estupiñán reía y levantó un cartel de color blanco que decía: “Libertad, defender el agua y la vida no es un delito. No somos terroristas”. Vestía un pantalón de tela de color plomo, una camisa blanca, una chompa verde y llevaba un bolso negro en su hombro derecho. Detrás de él apareció Pablo Castro. Sostenía en sus manos una Bandera del Ecuador.

Junto a este joven, de 24 años, estaba Víctor Vinueza. Él salió vestido con un jean de color azul, una camiseta blanca y un saco celeste.

Cuatro abogados rodeaban al grupo. Así terminaban los nueve meses de prisión, tras ser arrestados el 3 de marzo por aparentemente atentar contra la seguridad interna del Estado. Ese día, los ahora liberados y tres mujeres se reunieron en un departamento ubicado en el sector de Luluncoto, en el sur de Quito, pero dicen que en la cita estudiaron la Constitución y el Buen Vivir.

El inmueble fue allanado por la Fiscalía y un cuerpo de élite de la Policía. Según los agentes, un informante les dijo que en los condominios se iba a realizar un encuentro para planear actos subversivos.

Cerca de la puerta, a la altura de la garita del CDP, los siete se pararon y alzaron sus puños. Al otro lado de la reja metálica celebraban familiares, amigos e integrantes de organizaciones políticas.

La espera para la liberación de los detenidos duró dos días, luego de que la tarde del miércoles, la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte de Pichincha aceptara el pedido de hábeas corpus presentada por la defensa de los ‘10 de Luluncoto’.

En su contra, la Policía presentó más de 100 supuestas evidencias.

Entre ellas están facsímiles de cuentas de Twitter, de Facebook, de páginas web del Centro de Documentación de Movimientos Armados (Argentina), del GCP; dispositivos de almacenamiento (flash memory), computadoras y decenas de hojas con escritos en contra del Gobierno Nacional.

Un supuesto nexo con el GCP Según el Ministerio del Interior, las supuestas evidencias vinculan a los procesados con el denominado Grupo de Combatientes Populares (GCP), a quienes los investigadores atribuyen la colocación de bombas panfletarias que detonaron entre el 17 de noviembre y el 19 de diciembre del 2011 en Quito, en Guayaquil y en Cuenca.

Cuando aún estaban en el pasillo del CDP, Santiago Gallegos tomó el cartel con el que salieron, mientras Luis Merchán sostenía la Bandera del Ecuador.

Las banderas cambiaron de manos hasta que, 10 minutos más tarde, las puertas del CDP se abrieron. Afuera del lugar, amigos de los siete habían formado una especie de corredor con sus cuerpos que finalizaba en la puerta de una furgoneta de color azul.

Los familiares no pudieron abrazarlos en ese momento. Al salir, Castro dio declaraciones y dijo que el Gobierno pretendía “reprimir la lucha social encarcelando a dirigentes”, que llevaban 15 días en huelga de hambre y que con su libertad Cristina Campaña y Abigaíl Heras, quienes continúan presas en la cárcel de El Inca, se habían ganado siete defensores más. “Junto al pueblo lucharemos por la libertad de nuestras compañeras”.

Él se refería a la decisión que tomó la Sala de la Corte de Justicia de negar el amparo de libertad a Campaña y a Heras por “falta de motivación de sus abogados”.

Patricio Armijos, defensor de Heras, confirmó ayer que preparaban la apelación a la sentencia que será presentada en la Corte Nacional de Justicia. Él espera que en los próximos días se señale una audiencia en ese alto Tribunal.

El juicio continuará Pese a la libertad, el juicio por presunto terrorismo sigue abierto en el Tribunal Tercero de lo Penal de Pichincha. El grupo deberá comparecer el 21 de enero del próximo año y Pablo Castro, uno de los favorecidos con el hábeas corpus, dijo que en esa instancia demostrarán a los jueces que “pensar diferente no es delito”.

Javier Estupiñán trató de abrazar a su hija, quien lloraba en brazos de su madre Ivette, pero debido al tumulto de gente no lo logró.

Solo se reencontró con la niña cuando ingresó a la furgoneta. En ese momento, el vehículo no arrancó y la gente lo empujó hasta que el motor arrancara.

El vehículo llevó a los siete a una casa asistencial, ubicada en el norte de Quito. Allí, un grupo de médicos realizó evaluaciones al estado de salud. Sus familiares dijeron que durante 14 días los detenidos solamente ingirieron agua con azúcar, caramelos y energizantes.

Karina Simbaña, esposa de Castro, pasó los dos días de espera sin poder dormir. La noche del miércoles ella y su familia rezaron la novena y agradecieron por la decisión de los jueces de la Corte.

Luego trató de dormir pero dice que no pudo. Recuerda que no sabía en qué ocuparse, que daba vueltas por la casa y que vio películas. El jueves le ocurrió algo similar.

Ayer, los parientes de los 10 se encontraron afuera del CDP a las 08:00. La resolución que ordenaba la libertad llegó a la prisión pasadas las 09:00.

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