El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública que contiene dos artículos y busca dar legalidad al accionar de las Fuerzas Armadas en la custodia del orden interno.
Se trata de otorgar a las Fuerzas Armadas la potestad de intervenir en la protección interna y el control del orden público y restricción al delito, siempre y cuando lo disponga el jefe de Estado. Además, dar forma legal al control de armas, inteligencia anti-delictiva y otros operativos afines.
Los sucesos del 30 de septiembre precipitaron acontecimientos y la creciente inseguridad ha crispado el ánimo de la población que demanda acciones efectivas. El debilitamiento interno de la Policía provocado por la crisis que llevó a la insubordinación es un punto desbordante de una antigua crisis de descomposición institucional que arrastra el Ecuador, como mal crónico.
La gente no cree en la Policía, la justicia está en cuestión y la debilidad de un aparato desgastado sufre además la arremetida del discurso político.
Pero el problema es de fondo y no pasa solo por las leyes.
Alentados por corrientes novedosas en la Constitución de Montecristi se limitó el papel de las Fuerzas Armadas a la defensa de la soberanía y la integridad territorial (art. 158), se impide así que intervenga en asuntos de seguridad interna, de manera correspondiente con una tendencia ideológica distante de las anteriores teorías de seguridad nacional denostadas por ideólogos de la vieja izquierda.
Ahora, cuando la presión se siente con fuerza, el pragmatismo obliga a buscar leyes que contradicen la norma constitucional que defendieron antes con ardor.