Si algún cambio radical se ha producido en los últimos meses en las filas de la ‘revolución ciudadana’ es la repentina transformación de algunos de sus dogmas, como por ejemplo el rechazo a la ‘Doctrina de Seguridad Nacional’, concepto ideológico, político y militar que la izquierda consideraba atentatorio a la soberanía por “ajeno, invasivo y foráneo”.
La nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado, cuyo proyecto se encuentra bajo análisis en el Congresillo, quedó establecida en la Constitución de Montecristi como parte del modelo de Estado que el oficialismo se propuso construir. Y aunque diversos sectores civiles y militares han cuestionado importantes aspectos de esa normativa porque, según ellos, pondrá en manos del Presidente todo el aparato de seguridad, lo más probable es que pronto se apruebe, pues el oficialismo parlamentario no suele deliberar las propuestas del Ejecutivo.
Mientras tanto, el Jefe de Estado, probablemente en su afán de evidenciar su urgencia de poner en marcha el sistema de seguridad, expidió el decreto 1768 con el cual activó la Secretaría de Inteligencia, organismo que funcionará de manera temporal hasta que entre en vigencia la Ley.
Según el oficialismo, la nueva legislación será “una herramienta al servicio de los intereses nacionales y deberá debatirse públicamente”. Sin embargo, en los hechos, ese debate no se extiende al ciudadano común y el propio Presidente ha refutado con dureza las críticas al proyecto.
Si el objetivo de la nueva Ley es “superar doctrinas ancianas sobre seguridad e inteligencia, inspiradas en la época de la Guerra Fría”, como dicen los voceros gubernamentales, no parece tener mucho sentido pasar de una ideología caduca a otra que también ha mostrado su obsolescencia.