Imagen referencial de la Unidad de Flagrancia. Foto: Twitter Fiscalía General del Estado.
El delito de asociación ilícita “es una forma planificada y organizada” y “solo se tiene interceptaciones de llamadas del mes de septiembre” por lo que “los elementos de convicción” presentados por la fiscal Claudia Romero “no son suficientes” para ordenar la prisión preventiva de Byron Z., Boris P., David Y. y María E. Así lo señaló el 2 de noviembre del 2017 la jueza Geovanna Palacios, de la Unidad Judicial de Garantías Penales La Mariscal, en Quito.
El miércoles 1 de noviembre, la Fiscalía recibió autorización para efectuar nueve allanamientos en domicilios en El Condado y Cumbayá, en un edificio en la av. De los Granados y en oficinas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura, en Quito, por el presunto delito de asociación ilícita por concusión. Byron Z., Boris P. y David Y. son funcionarios del Ministerio del Interior.
En los allanamientos, la Fiscalía tuvo autorización para requisar evidencias y documentos de los inmuebles ubicados y para la incautación de tres automotores (marca BMW y Kia) y dos motocicletas (BMW y Loncin). En los operativos, las cuatro personas fueron arrestadas y llevadas a audiencia de formulación de cargos el jueves 2 de noviembre.
En la formulación de cargos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. Señaló que el delito de supuesta asociación ilícita se habría configurado desde el 2014. Presentó la interceptación de llamadas de septiembre del 2017. En esos audios se escuchan códigos.
Para presumir que se trata de una banda organizada “no se establece solo un delito, pido se los investigue por concusión, presunto enriquecimiento ilícito, en base al informe ampliado del SRI, además presunto fraude tributario a los ingresos percibidos”, señaló la Jueza.
Palacios agregó: “La prisión preventiva es de último ratio, no estoy de acuerdo con la decisión de la fiscal”. La Jueza ordenó la libertad inmediata de Byron Z., Boris P., David Y. y María E., debido a que
“no se encuentran justificados los elementos de convicción para dictar prisión preventiva”.
La Jueza dijo que la “Fiscalía debe tener claro el delito formulado”
y la cuestionó por “no pronunciarse por otras medidas”, debido a que ahora “existe un incentivo de fuga”. En ese marco, Palacios ordenó la instalación de un dispositivo electrónico, la prohibición de salida del país y la obligatoriedad de presentarse cada viernes ante una autoridad judicial, mientras dure la etapa de instrucción fiscal.