23 de julio de 2014 17:56

El genocidio taromenane se juzgará sin aval de la Corte Constitucional

En la audiencia a los siete waoranis detenidos por la supuesta matanza a los taromenane. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En la audiencia a los siete waoranis detenidos por la supuesta matanza a los taromenane. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
Quito

El Juzgado II de Garantías Penales de Orellana juzgará a 17 waorani, investigados por el ataque del 30 de marzo del 2013 a indígenas taromenane (pueblos ocultos del Yasuní), pese a que la Corte Constitucional (CC) todavía no se ha pronunciado sobre la legalidad de emprender una acusación por presunto genocidio contra un grupo indígena en contacto inicial.

El juicio empezó en ese despacho el 26 de noviembre pasado, pero se suspendió el último 14 de abril cuando el juez Álvaro Guerrero remitió el proceso a la CC para consulta.

La matanza de indígenas taromenane, el 30 de marzo del 2013, fue perpetrada por un grupo de waorani, en venganza por lo ocurrido el 5 de marzo del 2013 con uno de sus ancianos, Ompure, y su esposa, Buganey, quienes fueron lanceados cerca de Yarentaro por un clan de los pueblos ocultos.

Ompure era el único ecuatoriano, indígena waorani, que tenía un vínculo con los taromenane. La venganza habría implicado las muertes de decenas de taromenane.

Según la Constitución, atentar contra la vida y los derechos de los pueblos ocultos constituye delito de etnocidio (artículo 57). En los delitos de genocidio y etnocidio, el Código Penal establece una sanción de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria.

Los waorani interpretan que vengar las muertes de Ompure y Buganey, el 30 de marzo, no fue un acto de genocidio, sino una conducta subordinada a su cultura.

En el ataque a los taromenane, los wao se llevaron a dos niñas. Una se encuentra en Dicaro, en la casa de uno de los hijos de Ompure. La otra ha sido llevaba a otra comunidad waorani.

En entrevista con este Diario, en marzo, el misionero capuchino José Miguel Goldáraz explicaba cómo en la psicología indígena de toda la Amazonía siempre se salva a uno de los enemigos, “porque es un signo de vida y esa vida no se puede cortar definitivamente. En este caso son las dos únicas niñas que se salvaron”.

Para él, la aplicación de la justicia occidental contra los waorani es un tema que debiera revisarse, así como investigar a los funcionarios que tras conocer de la muertes de Ompure y Buganey, y del intento de indígenas waorani por vengar esos hechos, no hicieron lo necesario para evitar la masacre taromenane.

Frente a las voces críticas de Goldáraz, Miguel Ángel Cabodevilla (misionero capuchino), Alicia Cahuiya (dirigente wao) y colectivos sociales, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, solicitó al juez Guerrero que remitiera el caso a consulta a la Corte Constitucional.

La Sala de Admisión de la CC avocó conocimiento de la consulta el 6 de mayo último. Entonces, el organismo constitucional informó que invitaría a entidades públicas, universidades, organizaciones privadas, a antropólogos y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso para que presentaran informes técnicos y recomendaciones sobre una medida de solución del caso.

Pero ayer, antes de que la Corte Constitucional se pronunciara, el juez que inició la causa en Orellana decidió retomar el juicio penal contra los procesados.

En su providencia reza: “Dentro de la causa penal No. 0223-2013 (instrucción fiscal No.220101813040001), que por delito de genocidio se sigue (…), en lo principal de oficio dispongo: Por cuanto han transcurrido más de 45 días desde que la Corte Constitucional avocó conocimiento del caso constitucional No. 0072-14-CN, que por consulta de norma se elevó por parte de este Juzgado a dicha Corte y hasta la presente fecha no se ha pronunciado (…), dispongo que la presente causa continúe sustanciándose en su trámite normal, tomando en cuenta el momento procesal en que fue suspendida a partir de fecha 14 de abril del 2014”.

Los 17 indígenas procesados tienen orden de prisión. Siete de ellos fueron detenidos, pero el 14 de junio, mientras el caso se encontraba suspendido, tres procesados escaparon de prisión. Uno de ellos fue recapturado.

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