5 de mayo de 2018 00:00

Datos sobre plagio y crimen de periodistas siguen en reserva

César Navas (izq.), vocero del Comité de Crisis y de la situación fronteriza, junto al entonces ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Foto: Archivo / EL COMERCIO

César Navas (izq.), vocero del Comité de Crisis y de la situación fronteriza, junto al entonces ministro de Defensa, Patricio Zambrano.

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Redacción El Comercio

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La información relacionada con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO sigue bajo reserva. Hace 22 días el Gobierno ofreció su desclasificación.

El 13 de abril del 2018, el presidente Lenín Moreno confirmó la muerte de los tres trabajadores de este Diario y anunció siete medidas de intervención en la frontera norte.

Entre estas medidas dijo que se realizará el levantamiento de la reserva de información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos que se hicieron para garantizar la vida de los ecuatorianos. Esta orden no se cumplió hasta el 4 de mayo.

EL COMERCIO solicitó la información a la Secretaría de Comunicación el 16 de abril. Un día después se informó que la Fiscalía se encontraba trabajando en el pedido. “Estamos pendientes del tema y esperamos recibir la documentación respectiva en el transcurso de esta semana”.

Todavía no se cuenta con la documentación relacionada con el secuestro y el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.

Asimismo, este Diario solicitó una entrevista con el Primer Mandatario el 18 de abril para hablar sobre este tema y las acciones en la franja fronteriza.
La tarde del 3 de mayo, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, informó que las tres familias no han tenido acceso a ninguna información desclasificada. Dijo que también han solicitado reuniones con Juan Sebastián Roldán, secretario particular del Jefe de Estado, y no han tenido respuesta.

Hasta ahora no se han recuperado los cuerpos de los dos periodistas y el conductor, quienes fueron secuestrados el 26 de marzo tras ingresar a Mataje, parroquia de Esmeraldas, con conocimiento de la autoridad militar. Fueron posteriormente asesinados por grupos armados.

Tampoco se ha conformado la comisión independiente que investigará el caso.

La mañana del 15 de abril, Rivas pidió la creación de esta comisión, para que tenga acceso a la documentación reservada y cuáles fueron las comunicaciones durante los días del plagio y el asesinato.

Para viabilizar esta comisión, los familiares solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encargue de conformar un grupo interdisciplinario de expertos independientes y que planteen los lineamientos y protocolos de cómo se llevará adelante la investigación.

Rivas dijo que los comisionados ya se encontraban votando sobre este pedido y en los próximos días esperan tener luz verde para seguir con el trámite.

La mañana del 4 de mayo, Roldán aseguró que apenas se cree la comisión internacional se entregará la información “en su total amplitud”.

El funcionario sostuvo que el Gobierno tiene toda la apertura para entregar los datos que requiera el país y los familiares.

“Hay otra parte que corresponde a la Fiscalía General, porque hay procesos judiciales en marcha. Lo que corresponde a nosotros entregaremos toda la información necesaria, para que se vea que el actuar fue transparente y de no ser así que los responsables respondan al país”, señaló.

Entre tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) exigió respuestas del Gobierno colombiano por sus acciones durante el secuestro y desaparición de los comunicadores.

A través de un derecho de petición, firmado por 178 personas, la FLIP dirigió una serie de interrogantes sobre la forma en que el Gobierno de Colombia actuó ante el secuestro.

Allí se pide, por ejemplo, que se remita toda la documentación relacionada con los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia.

En contexto

El equipo periodístico de EL COMERCIO fue secuestrado en la frontera norte el 26 de marzo pasado. 18 días después se confirmó el asesinato. El 13 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que se levantará la reserva de la información.

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