Tras el secuestro exprés, ¿qué?

Los ‘cazadores’ van al volante de vehículos que en la calle pasan como taxis. Despiadados, sin mayor información de sus víctimas, seleccionan a sus blancos al azar: peatones solitarios, profesionales, universitarios con dispositivos móviles a la vista.

El secuestro exprés se manifiesta así en las calles de Quito (72 casos desde enero) y no requiere de una gran organización criminal para irrigar uno de los pilares de la violencia: el miedo.

Los relatos de tres jóvenes víctimas, hechos públicos durante la última semana en redes sociales, son escalofriantes. Todos ellos fueron interceptados cuando se desplazaban en taxis, por la noche, en horas de escasa congestión vehicular. Todos amenazados de muerte, con secuelas que han trastocado sus vidas.

La captura de ocho personas para investigación por secuestro exprés en Quito, luego de un seguimiento policial de dos meses, es una respuesta apropiada desde el Estado.

¿Quién devuelve la paz a víctimas, familias y ciudadanos? Los operadores de Justicia son indispensables para evitar impunidad, pero sería irresponsable endosarles todo el peso de una política de seguridad.

El secuestro exprés es un delito muy grave. Transgrede derechos fundamentales. Expone a la víctima a condiciones extremas. Los últimos casos develan alta violencia: pasajeros no solo forzados por horas a circular en taxis, mientras roban sus cuentas, sino además reducidos con gas pimienta, golpes, armas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recomienda a los Estados, al tratar todo tipo de secuestro, la creación de un organismo nacional para formular, coordinar y actualizar la política contra este delito y, al mismo tiempo, buscar aliados en ONG para emprender programas de asistencia a víctimas y testigos. Dos senderos que, en favor de la salud mental, se debieran tomar en cuenta.

Después de todo, los Estados son responsables de garantizar el derecho a ser protegidos contra todo tipo de privación ilegal de la libertad.

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