8 de agosto de 2014 00:05

Los sectores sociales quieren ir a una consulta

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Redacción Política

El Consejo de Gobierno de la Ecuarunari propuso no aceptar el proyecto de enmiendas constitucionales. La intención es que la Corte Constitucional convoque a una consulta popular, para que la ciudadanía se pronuncie sobre las 17 modi­ficaciones que plantea el bloque de Alianza País.

Para Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, hay una sola opción: jugarse por la dictadura o la democracia en las urnas. Y, pese a lo sucedido con la iniciativa de consulta de los Yasunidos, consideran que ese es el camino adecuado.

Pero ese no es el único tema que tienen en mente. Además analizan la posibilidad de plantear una pregunta adicional y consultar a la población si estaría de acuerdo con la nacionalización de la telefonía celular. Esto por la intención del Gobierno de que el Estado sea partícipe del 12% de las utili­dades de las telefónicas.

Esta propuesta se presentó ayer ante el Parlamento de los Pueblos, que se reunió en Quito. La decisión fue regresar a las provincias para consultar la opinión de las bases.

El 21 de agosto se reunirán nuevamente, en una comisión general, para evaluar los avances y tomar una decisión definitiva. Entonces acudirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) para pedir los formularios de recolección e iniciar la tarea.

Guillermo Lasso, presidente del movimiento Creo, también planteó la misma iniciativa. Sin embargo los dirigentes sociales dejaron en claro que, aunque coincidan en la propuesta, ellos representan a la tendencia de izquierda. De todas formas no descartaron la posibilidad de unir fuerzas para convocar a una consulta principalmente por el tema de la reelección indefinida.

Unos 70 representantes de organizaciones sociales e indígenas se dieron cita para el evento, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Poco a poco, el auditorio se iba llenando con las delegaciones que llegaban desde las provincias. Y alrededor de las 10:30 se inició la sesión.
Después de las palabras de bienvenida, dadas por Jorge Herrera, presidente de la Conaie, se leyeron los informes de las asambleas provinciales de Loja, Azuay y Zamora Chinchipe.

Entonces se inició el análisis de los temas que les preocupan.
En la agenda constaban la Ley de Aguas, el proyecto de enmiendas constitucionales, la sentencia del caso La Cocha, el acuerdo comercial con la Unión Europea, el Decreto 16, el Código Penal, el proyecto de Código del Trabajo y la explotación del Yasuní.

En la asamblea participaron, junto con Carlos Pérez y Jorge Herrera, Rosana Palacios titular de la Unión Nacional de Educadores, Fanny Campos coordinadora de Pachakutik, Luis Aguilar del Frente Popular, Salvador Quishpe prefecto de Zamora Chinchipe y los dirigentes provinciales.

Uno de los principales objetivos fue acordar las denuncias que presentaron, horas más tarde, en la sede de las Naciones Unidas (ONU), en el centro norte de la capital. Las peticiones fueron dirigidas a los relatores especiales de Pueblos Indígenas, del Derecho al Agua y del Derecho a la Educación. Las quejas son por tres temas en particular: justicia indígena, Ley de Aguas y Ley de Educación Intercultural.

Una comisión de unos 15 dirigentes, encabezada por Pérez y Marco Guatemal, vicepresidente de la Ecuarunari, fue recibida en las oficinas de la ONU alrededor de las 17:20. Ellos confían en que los relatores especiales aceptarán sus peticiones sobre los tres temas, porque se trata de una restricción de derechos.
Además, en el Parlamento de los Pueblos, los dirigentes indígenas ratificaron su rechazo a la sentencia dictada por la Corte Constitucional sobre el caso La Cocha. Ese uno de los puntos por los cuales acudieron a las Naciones Unidas.

Pérez explicó que los derechos de las comunidades están siendo vulnerados y que la Constitución les garantiza su propio sistema de justicia. Según sus argumentos, no se puede seleccionar para qué delitos regirá cada sistema, porque eso implica que el Estado no entiende ni reconoce la cosmovisión indígena.

Para Herrera, la sentencia implica que las comunidades no son capaces de resolver sus problemas internos. Y lo declaró una vergüenza para el país.
Quishpe llamó a la unidad de los pueblos y las organizaciones sociales, para defender su derecho a la resistencia y su decisión de adoptar la desobediencia civil frente a la sentencia y el Decreto 16.

Los participantes apoyaron todos los planteamientos, que ahora trasladarán a las bases.

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