7 de diciembre de 2016 17:58

El sector empresarial pidió archivar la Ley de Plusvalía

El presidente del CEE, Richard Martínez, afirmó en una rueda de prensa en Guayaquil, que éste es “un impuesto del 75%, que sin lugar a dudas es un impuesto de orden confiscatorio”. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El presidente del CEE, Richard Martínez, afirmó en una rueda de prensa en Guayaquil, que éste es “un impuesto del 75%, que sin lugar a dudas es un impuesto de orden confiscatorio”. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Jorge González
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El gremio empresarial del país cree que la Ley de Plusvalía afectará a la cadena vinculada al sector de la construcción. Representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) expresaron este 7 de diciembre del 2016 su “rechazo categórico” a ese proyecto y demandaron su “archivo definitivo”.

El presidente del CEE, Richard Martínez, afirmó en una rueda de prensa en Guayaquil, que éste es “un impuesto del 75%, que sin lugar a dudas es un impuesto de orden confiscatorio”.

Para el empresario, el proyecto “estigmatiza” el esfuerzo individual del ciudadano y afecta a la generación de riqueza, por lo que tendrá un efecto negativo para el país.

Cree que las leyes no solo deben medirse por el efecto inmediato de su articulado, sino por las expectativas que generan. “Con una economía ya debilitada como la nuestra, todas las actividades económicas demandan de mensajes de certidumbre y tranquilidad”, anotó.

Agregó que en ese sentido se afectarán las expectativas de inversión y de desarrollo del sector de la construcción. Citó como ejemplo que cuando se detiene la construcción de una unidad habitacional se detiene el avance de industrias como la cerámica, plástica, metalmecánica, del comercio y otras actividades de la cadena productiva.

En referencia a ello, indicó que el sector de la construcción se semiparalizó tras el primer anuncio del proyecto en el 2015. Explicó que los ciudadanos dejaron de hacer compras de unidades habitacionales.

Patricio Alarcón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, aseguró que la ley es contraproducente para el ahorro y patrimonio.

“No tengan la menor duda de que los precios de los bienes de los ecuatorianos bajarán una vez que se apruebe esta Ley”, indicó. Agregó que en el gremio creen que el proyecto de Ley debería “ser parte de una propuesta electoral de Alianza País”.

El presidente Rafael Correa ha dicho que la ley no afectará a las mayorías y que entrará en vigencia tres años después. Pero para el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, Francisco Alarcón, el proyecto sí perjudicará a quienes hoy ya tienen una propiedad y la quieran vender a futuro.

“Les va a ser muy difícil venderlas, ni siquiera el Estado va a poder recaudar el dinero que pretende cobrar tras volverse prohibitivo y confiscatorio el impuesto”, acotó.

De su parte, Enrique Pita dijo que al sector de la construcción le llama la atención el título del proyecto: Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las Tierras.

“La primera pregunta es: Entonces ¿por qué imponer impuestos sobre la unidad tierra-edificación? ¿Por qué no quedarnos solamente sobre el componente tierra?”, se quejó.

Aseguró, además, que no existe una burbuja inmobiliaria en el país porque no hay crédito fácil. Y que es el mercado el que determina la plusvalía y no el empresario. “La Ley es nefasta”.

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