4 de julio de 2017 00:00

El sector de la construcción lleva 21 meses estancado

En el conjunto El Poblado, en Tumbaco, el 25% de casas aún no ha sido comprado. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

En el conjunto El Poblado, en Tumbaco, el 25% de casas aún no ha sido comprado. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

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Mayra Pacheco
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La crisis del sector de la construcción, que lleva siete trimestres consecutivos con cifras negativas, ha impactado en varias actividades que están relacionadas.

El viernes 30 de junio de 2017, el Banco Central del Ecuador (BCE) presentó los resultados del país en el primer trimestre del presente año. Si bien hubo una recuperación del 2,6%, el sector de la construcción cayó 7,3%, lo cual muestra que no puede salir de una crisis que empezó en el tercer trimestre del 2015.

Según Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, la situación se evidencia en el menor número de permisos para iniciar proyectos, las menores reservas para compra de vivienda, menores créditos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y una caída en las venta de materiales de construcción.

Durante un recorrido realizado el fin de semana por la calle Vargas, en Quito, propietarios de ferreterías indicaron que hasta mayo -mientras estuvieron vigentes las salvaguardias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 14%- las ventas cayeron entre 50 y 60%.

Manuel Cartagena, propietario de la ferretería Lourdes, indicó que, incluso, algunos locales de esa calle cerraron.

Para mantener el negocio en este sector, Wilson Simba optó por recortar el personal y aplicar ofertas a productos seleccionados. Redujo el precio del metro cuadrado de ciertas cerámicas entre USD 0,70 y 1.

El objetivo fue recuperar las inversiones realizadas y contar con liquidez para pagar a sus proveedores. El comerciante no tiene mayores expectativas sobre una mejora de las ventas de sus artículos.

El estudio mensual de Opinión Empresarial del BCE de mayo pasado, realizado a 144 empresas a escala nacional, muestra­ que el volumen de construcción decreció 0,6% respecto a abri. El peor resultado fue en marzo, cuando esta variable se redujo 12,3% respecto al mes previo. Además, los empresarios no prevén que la situación cambie.

Donde hay mayor pesismismo es en el sector inmobiliario, que representa el 60% de actividades de la construcción.
Sus representantes aseguran que la situación económica del país y la Ley de Plusvalía, vigente desde fines de diciembre pasado, contribuyeron a la crisis actual.

Jaime Rumbea, representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas de Ecuador (Apive), dijo que en este escenario no se han iniciado nuevos proyectos.

La oferta de unidades habitacionales que existe actualmente es de obras anteriores o que se encontraban en ejecución.
Según una muestra de Apive, se pasó de 18 000 reservas de vivienda en el 2012 a 4 000 el año pasado.

En este escenario, sin embargo, la entrega de créditos de vivienda tuvo un ligero incremento entre enero y mayo de este año frente al mismo período del 2016.

Joan Proaño, gerente de la constructora Proaño & Proaño, explica que en ese período hubo más créditos por la flexibilidad en el sistema financiero, por su mayor liquidez, pero no hubo una recuperación del mercado inmobiliario.

En Galarza & Galarza Constructora, de los cinco proyectos que tiene en Quito, el 42% de unidades habitacionales aún no se ha vendido debido a la incertidumbre que hay entre los compradores, dijo su presidente Robinson Galarza.

Por esta situación, la empresa no tiene pre­visto iniciar nuevas obras este año.

Verónica Artola, gerenta del BCE, espera que el programa de vivienda que impulsará el presidente Lenín Moreno sirva para reactivar el sector.

Se estima que la recuperación de la construcción tomaría entre cinco y 10 años, según Proaño. Los trabajadores ocupados en esta actividad representan el 6,7% de ocupados.

El sector también depende de la inversión pública, pero el Gobierno reducirá el gasto.

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, anunció a inicios de junio que para resolver el déficit fiscal bajará el gasto de capital, específicamente la inversión en infraestructura, considerada “muy costosa”.

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