3 de July de 2009 00:00

Santos tiene una boleta de captura

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Redacción Judicial y Carlos Rojas  corresponsal en Bogotá 
judicial@elcomercio.com

El Juzgado Primero de Garantías  Penales de Sucumbíos ordenó a  la Policía que “se proceda a la captura de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia”.  Una vez que se lo haya detenido deberá ser puesto a órdenes de esa Judicatura.



Las investigaciones
El 1 de marzo de 2008,  las Fuerzas militares de Colombia bombardearon un campamento de las FARC, en Angostura.
Por este ataque se  iniciaron dos procesos penales. El primero fue contra Juan Manuel Santos, por la muerte de 25 personas.
La segunda indagación  es contra las sobrevivientes del ataque, Lucía Morett, Martha Pérez y Doris Bohórquez. Ellas son acusadas de atentar contra la seguridad del Estado.
Este caso está en  suspenso, pues las sobrevivientes están prófugas de la justicia. Morett está en México; mientras que Pérez y Bohórquez, en Nicaragua. La justicia ecuatoriana pidió la extradición de las mujeres.


Ayer, el jefe de la Policía Judicial de Sucumbíos, Álex Vargas, confirmó que la boleta de captura se envió a Quito para que sea transmitida al resto de provincias y a la Interpol,  para que se busque al ex funcionario colombiano.

Santos está acusado de  asesinato porque supuestamente  dirigió, ordenó, coordinó y participó en el bombardeo a Angostura, el 1 de marzo de 2008. En el ataque fallecieron 25 personas, entre ellas el ex líder de las FARC, Raúl Reyes,  cinco estudiantes mexicanos y el ecuatoriano Franklin Aisalla.

Por ello, el lunes pasado, el juez de Sucumbíos, Daniel Méndez, ordenó la prisión preventiva en contra del ex Ministro.

Esta medida provocó la reacción   del Gobierno colombiano, que anunció que se tomarán medidas para evitar su detención. Pero el abogado internacionalista Antonio José Rengifo dijo ayer, en Caracol Radio, que la Interpol no podría desconocer una eventual orden de captura internacional contra Santos, si se cumplen los requisitos necesarios.

De allí que demandó de la Cancillería colombiana actuar con prontitud “para parar esa situación”. A juicio de Rengifo, “la decisión del juez ecuatoriano es autónoma, está vigente y surtirá un trámite mientras no sea impugnada”, sostuvo el jurista.
 
El Gobierno colombiano consideró que la decisión judicial era “un ataque contra Colombia. Es necesario defender al país  y a los colombianos de la guerra política y jurídica que desde el interior del país y desde el exterior adelanta el terrorismo”, dijo el presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano cree que Colombia ha llevado el tema judicial a un plano político. Ayer, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, recalcó que  “no es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos a que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político”.
 
Asimismo, el fiscal general, Washington Pesántez, señaló ayer que el Ecuador va “a respetar el derecho penal internacional. Se cometió un delito en Ecuador, se asesinó a un ecuatoriano. Si tenía cooperación con alguna organización irregular debía ser juzgado.  Por eso yo apoyo al juez que dictó la orden de prisión”.

Incluso, Pesántez sostuvo que se puede pedir la extradición  de Santos, para juzgarlo  porque “se faltó al principio básico de territorialidad. Se violó la soberanía y se asesinó  a 25 personas.

El proceso es impulsado por el agente fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, quien acusó a Santos. Él tiene 90 días para emitir su dictamen acusatorio o absolutorio.

Uribe arma la defensa

El miércoles por  la noche, el Gobierno colombiano convocó a una reunión urgente de seguridad, en la base militar de Catam,  para analizar la orden de prisión en contra del ex Ministro. En esta, los  ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, Defensa y la Fiscalía resolvieron que un  bufete de abogados internacionales  se encargue del caso. Adicionalmente, se informó que la Casa de Nariño creará    una gerencia para defender  a Santos y otros intereses colombianos afectados. Esta entidad estará integrada por  los ministerios del Interior y Defensa; la Cancillería y la Fiscalía. Además,  tendrá una secretaría ejecutiva permanente.

El vicepresidente de ese país,  Francisco Santos, primo del  acusado,  cuestionó a la justicia ecuatoriana. Su argumento es que mientras se busca apresar al político colombiano, se declaró en libertad a una persona que era cercana a las FARC. Él se refiere a la reciente excarcelación del ex subsecretario de Gobierno, Ignacio Chauvín, ocurrida el lunes.

Horas después, la Cancillería de Colombia   dijo que la Operación Fénix (el bombardeo en Angostura) “se fundamentó en una decisión política adoptada por el Gobierno en el marco de la lucha mundial contra el terrorismo”.

El argumento de Uribe es que lo de Angostura no fue una orden dada únicamente por un funcionario, como el ex Ministro, sino que fue una decisión estatal.

“Colombia expresa categóricamente la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano, en relación con la presunta responsabilidad individual o personal de cualquiera de los servidores o funcionarios públicos que intervinieron en la Operación Fénix”. Finalmente se señala que el juez Méndez y sus acciones han vulnerado el derecho internacional.

Puntos de vista

Francisco Carrión  /Ex Canciller

La prisión a Santos  no es  política, sino jurídica

Tanto el Gobierno ecuatoriano como el colombiano tienen que entender que la   decisión  que tomó el Juez de Sucumbíos, de ordenar la prisión del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos,  es totalmente jurídica y no pasa por el tema político. No creo que esa resolución se debe tomar como una agresión contra el pueblo del vecino país, como ha dicho el Régimen de Colombia. Las medidas judiciales que se emiten por un caso específico  no pueden afectar más a  las relaciones diplomáticas que están rotas.  El tema legal es  una cosa y el político es otro totalmente diferente y eso   se debe mantener. Enrique Echeverría /Penalista

Colombia no nos va a entregar al ex Ministro
 
Lo que hizo el juez Daniel Méndez es totalmente legal, porque el delito que se le imputa a Juan Manuel Santos se cometió en territorio ecuatoriano y el juez es competente para resolver la causa. Si en la comisión del delito  han actuado extranjeros, el juez puede ordenar su captura. Pero el problema es que Colombia no nos va a dar el  gusto de entregarnos al ex Ministro y precandidato presidencial.
Entonces, la orden de prisión contra Santos  se convierte  en  un saludo a la bandera, que a la final no tendrá consecuencias. Es una potestad legal del Ecuador  el pedir la prisión, porque tiene base judicial.

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