17 de septiembre de 2014 11:15

Tiene 77 años y ha sido arrestada dos veces por una deuda de alimentos de su hijo

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 153
Triste 2
Indiferente 2
Sorprendido 9
Contento 0
Redacción Santo Domingo

Como todas las tardes Dora de Jesús Y. dejó a sus nietos haciendo los deberes mientras ella acudía a su iglesia, el 7 de septiembre de 2014. A su salida del templo la esperaban dos policías, quienes le preguntaron su nombre y el de uno de sus hijos, quien adeuda cerca de USD 5 000 de pensiones alimenticias.

La mujer, de 77 años, presintió que “algo malo estaba por venir”. Mientras los gendarmes le leían en voz alta sus derechos, la subieron en una patrulla y la trasladaron hasta el Centro de Detención Provisional (CDP), de Santo Domingo de los Tsáchilas, al noroccidente del país.

Estaba siendo arrestada por ser garante de un juicio de alimentos que se sigue a uno de sus 14 hijos. “No es justo que uno haya criado a tantos hijos y nietos sin pedir un centavo. Ahora dicen que uno debe pagar por los errores de otros y no es justo”, añade Dora Y.

La mujer, quien fue liberada con base en un recurso de Habeas Corpus, el 16 de septiembre de 2014, asegura que le “hicieron firmar con engaños un documento para que sea garante” de su vástago.

Un juez emitió una boleta de apremio contra la adulta mayor, debido a que el deudor principal no ha cumplido con el desembolso mensual, desde hace más de dos años.

La rutina habitual de cocinar, ir a la iglesia y cuidar de sus nietos fue cambiada por los barrotes del CDP y la compañía de personas que estaban detenidas por robos, asaltos, contravenciones de tránsito, entre otros delitos.

A Dora le son conocidas las instalaciones del CDP de la localidad. Es la segunda vez que la aprehenden por las deudas de pensiones alimenticias de su vástago.

Su frágil memoria no recuerda el mes en el que fue recluida por primera vez, en el 2012. De lo que si se acuerda es de “la sensación de estar presa por un delito que no cometió”. En esta ocasión permaneció alrededor de una semana en el sitio, hasta que varios de sus hijos reunieron dinero para saldar parte de la deuda y así lograr su excarcelación.

Su segunda estadía en el centro de reclusión fue el 7 de septiembre de 2014. Su permanencia en este lugar fue corta debido a que al día siguiente de su detención sufrió de problemas gastrointestinales y de deshidratación.

La adulta mayor fue llevada a una casa de salud de la ciudad, mientras se resolvía su situación legal o aparecía el deudor principal, su hijo.

“Yo no le debo ningún dinero a nadie”, reclamaba la mujer de avanzada edad, quien fue liberada este 16 de septiembre de 2014.

A través de la petición del recurso de Habeas Corpus, por parte de la delegación provincial de la Defensoría del Pueblo se logró la liberación de la abuelita.

A las 11: 30, se realizó la audiencia para resolver este petitorio en el Consejo de la Judicatura. La delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, Alexandra Anchundia, considera que en este caso se debió analizar la situación de vulnerabilidad de ambas partes involucradas.

“Tanto del niño y la madre que no está recibiendo los valores que le corresponden, como de la persona de la tercera edad que no cuenta con los recursos ni con la capacidad para solventar una deuda”.

Anchundia considera que debe analizarse una reforma de la normativa existente en torno a estos casos, ya que “no se puede preponderar el derecho de una de las dos partes, porque ambos pertenecen a un grupo de atención prioritaria”.

Jorge Mosquera, jurista, manifiesta que aunque no existe una limitante para aprehender a una persona de la tercera edad, por concepto de pensiones alimenticias, “en la Constitución se estipula, en el artículo 36, que se debe prestar atención prioritaria y protección contra la violencia de adultos mayores.”.

Con su caminar pausado y acompañada de custodios policiales ingresó Dora a la audiencia, en la cual se emitió su boleta de liberación. Al inicio de su defensa, no pudo contener las lágrimas.

Dora Y. celebró en compañía de sus familiares después de que la juez de la Unidad especializada en violencia contra la mujer y la familia, Sony Zambrano, pidió se conceda la boleta de liberación a la adulta mayor.

Esta madre anhela que su hijo “se acerque a pagar lo que debe”. Se desconoce el paradero de dicho individuo. El proceso legal continuará su curso contra el deudor principal, según manifestaron las autoridades.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (3)
No (0)