5 de February de 2015 20:20

Los comuneros piden acceso a los créditos y que se frenen invasiones

En la comuna de Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena, unas 3 500 hectáreas de tierras ancestrales están en poder de personas particulares. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio.

En la comuna de Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena, unas 3 500 hectáreas de tierras ancestrales están en poder de personas particulares. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio.

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Juan C. Mestanza, Patricio
Ramos y Cristina Márquez 
(I)ecuador@elcomercio.com

La tónica en el sector rural de Santa Elena y otros sectores del país es la misma. Agricultores de diferentes comunas esperan que el invierno aparezca con lluvias continuas para empezar la siembra.

Esta forma de manejo ancestral no es la única en estos sitios. También está vigente la administración de la organización a través de asambleas comunitarias.

El 22 de enero último, 78 años después de creada la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, la Asamblea trató en primer debate el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Vanessa Fajardo, asambleísta por Santa Elena, destacó que 69 comunas representan el 80% del territorio de su provincia.

“Esta forma de organización está constitucionalmente reconocida. Sin embargo, la falta de incentivos no ha permitido el desarrollo económico y social de sus miembros”, reflexionó.
Cuestiona que las tierras ancestrales han sido arrebatadas por terceros mediante argucias legales.

Además, que la ley no busca confiscar la tierra ni deja de reconocer su propiedad. A los comuneros los afligen problemas similares.

Alfredo Cruz, presidente de la comuna de Limoncito, cuenta que no todas las tierras pueden ser trabajadas, porque no existen recursos ni incentivos. “Todas las comunas de Santa Elena tenemos problemas. Hay gente que se cree dueña sin tener documentos. Hubo quienes inscribían en las notarías o en el registrador pese a estar prohibido. Eso se prestó para muchas cosas”, acota el dirigente de la comuna peninsular más pequeña con 1 380 hectáreas. Allí predomina la siembra del maíz.

Doce kilómetros más adelante, en Juntas del Pacífico, ven la ley con cierto escepticismo. El presidente Stalin Tomalá cree que esta podría terminar favoreciendo a personas con poder económico que se apropiaron indebidamente de las tierras.

En Juntas existen 844 comuneros con 9 774 hectáreas, de las cuales 3 500 están en poder de particulares. “El modelo no ha fracasado, debe mantenerse. Lo que hay que cambiar son los parámetros de los créditos y el control a las invasiones”.

Francisco Lino, presidente de la Junta Parroquial de Simón Bolívar, cree que para fortalecer el trabajo de las comunas se deben acometer los canales secundarios para riego. “Sacachún está a unos 15 kilómetros del canal de trasvase y no hay un proyecto productivo”.

A la Junta de Simón Bolívar pertenecen seis comunas: Julio Moreno (600 comuneros), Sacachún (186), Juntas del Pacífico (844), Limoncito (148), Bellavista del Cerro (200) y Sube y Baja (600). Suman unas 120 000 hectáreas.

Lino dice que están trabajando con la Federación de Comunas, presidida por Smeling Suárez, en la contratación de abogados para empezar a resolver los problemas legales por la invasión de tierras.

En Manabí las tierras comunitarias son utilizadas para la agricultura, ganadería y desarrollo de proyectos comunales. En Puerto López, al sur, entre las comunas Las Tunas y Salango poseen 6 531 hectáreas. Según Johnny Pilligua, presidente de Las Tunas, esas tierras -que se heredan pero no se las pueden vender- están repartidas entre 1 500 familias. Se dedican a la agricultura de ciclo corto, pastoreo de ganado.

Para Robinson Arcos, de la comuna Salango, las 2 536 hectáreas pertenecen a 1 200 familias: 800 son de Salango y 400 de la comuna Río Chico. Al ser tierras comunitarias son inembargables y por ello no pueden figurar como garantía al momento de hacer un préstamo.

Hay tierras comunitarias que a pesar de estar en climas de rigurosa sequía, como en Montecristi y Jipijapa, se las sigue manteniendo. En La Pila de Montecristi se siembra maíz.
“Cuando llegan las lluvias ubicamos las semillas”, cuenta Amelio Mantuano, presidente de la comuna Las Lagunas.

En cambio, para los campesinos de Chimborazo las tierras comunitarias son vistas como una oportunidad para emprender proyectos productivos. Esto debido a que las asociaciones organizadas tienen prioridad en instituciones como la Corporación Financiera Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Provincial…

A 40 minutos de Alausí, está Llinpig. Disponen de 117 hectáreas comunitarias que antes pertenecían a una hacienda y hoy utilizan para la producción de papas y cultivos de chochos.

“Antes todos trabajábamos por nuestra cuenta”, dice Manuel Marcatoma, presidente de la comuna. Ellos obtuvieron un préstamo en la CFN por USD 250 000, recibieron un subsidio del Magap del 30% en la adquisición del terreno. 33 familias se convirtieron propietarios.

Otros comuneros de cuatro cantones aprovecharon sus terrenos comunitarios para negocios asociativos. En Chipche, a tres horas de Colta, ejecutan un proyecto ganadero. En 97 hectáreas crían vacas lecheras, hay un centro de acopio y una fábrica de quesos, que se distribuyen en Riobamba.

En contexto

La Ley de Organización y Régimen de las Comunas fue expedida el 30 de julio de 1937 como un reconocimiento jurídico-orgánico de las comunas y sus tierras ancestrales. Define como comuna a “todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia”.

TierrasOK.
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