8 de febrero de 2018 00:00

Muerte civil ronda a servidores públicos del Gobierno pasado

En la Corte Nacional de Justicia, en diciembre del año pasado, durante el caso Odebretch. Foto Galo Paguay / Archivo / EL COMERCIO

En la Corte Nacional de Justicia, en diciembre del año pasado, durante el caso Odebretch. Foto Galo Paguay / Archivo / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 10
Triste 1
Indiferente 1
Sorprendido 3
Contento 133
Adriana Noboa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para los políticos y exfuncionarios que están vinculados o investigados por casos de corrupción, la pregunta 1 del referendo constitucional tiene una importancia particular. Con su aprobación, si ellos llegan a ser sentenciados, no podrán volver a tener vida política ni ser funcionarios.

David Chávez, sociólogo de la Universidad Central, cree que esta fue la pregunta clave de la consulta y referendo. Advierte que podría dar paso a una persecución judicial contra distintos actores políticos, entre ellos Rafael Correa.

Luis Verdesoto, coordinador de la Plataforma por la Democracia y Derechos Humanos, coincide. Para él, se requiere de una legislación “sensata”, que permita evitar que esta normativa se mal utilice.

Eso sí se hizo, agrega, en la pregunta para impedir la reelección indefinida, que evita que cualquier figura política que haya sido reelegida desde 2008 pueda volver a ese cargo, lo cual incluye a Correa. Pero, con la aprobación de la pregunta 1 nadie que tenga una sentencia por corrupción (público o privado) podrá ser candidato a ninguna dignidad u ocupar un cargo público.

Este será, por ejemplo, el futuro del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, si su sentencia por asociación ilícita, dentro del caso de corrupción Odebrecht, se mantiene al final del proceso judicial.
En la lista de funcionarios públicos investigados por delitos de defraudación contra el Estado está también el excontralor Carlos Pólit, por supuesta concusión.

También podría ser la situación de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del IESS y del partido Avanza, quien hoy es investigado por la Fiscalía General, por presunta defraudación tributaria y enriquecimiento privado ilícito cuando estuvo a cargo del IESS. Actualmente continúa prófugo.

Asimismo, hay varios procesos de investigación en la Fiscalía que vinculan a funcionarios públicos, además de los informes de la Contraloría y que pueden predeterminar responsabilidades de carácter penal por corrupción.

También están los pedidos de actores políticos y de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), para que se investigue nuevos casos que involucran a funcionarios y exfuncionarios. En esta lista, algunas acusaciones apuntan a vincular finalmente al expresidente Rafael Correa. Pero la Fiscalía no lo ha asociado a ninguno de los procesos vigentes.

Sin embargo, al día siguiente de los comicios, el lunes, la Fiscalía sí convocó al exmandatario para que rinda su versión libre y voluntaria dentro de las investigaciones del denominado caso Petrochina, sobre un posible perjuicio al Estado en la venta anticipada de petróleo a la gigante oriental.

Correa ya tildó entonces de “persecución política” a la investigación. “No hay ninguna responsabilidad de mi parte. Solo aprobé una preventa en 2010. Solo buscan meter preso a Correa”, advirtió.

La interrogante, que planteaba la inhabilitación para participar en la política nacional y la pérdida de bienes para los casos de corrupción, fue la que mayor respaldo obtuvo en las urnas, casi el 74%. Le siguió de cerca la pregunta para impedir la prescripción de los delitos sexuales contra menores.

Pero esta propuesta del Ejecutivo no es nueva. Son varios los actores políticos que han planteado la conocida ‘muerte civil’ y la reparación al Estado por los daños ocasionados. Por ejemplo, Pachakutik, la Izquierda Democrática e, incluso, el mismo titular del Legislativo, el oficialista José Serrano.

Sin embargo, en el país ya existían herramientas para atacar la corrupción: la Unidad de Análisis Financiero contra el Lavado de Activos, la Ley de Contratación Pública y la Ley de la Contraloría.

El mismo Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas para dichos delitos y la reparación integral por los daños causados.

Incluso, la Constitución impide que quienes hayan sido sentenciados con reclusión por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado puedan ser candidatos.

Lo que la iniciativa del Ejecutivo hizo es ampliar el catálogo de los delitos inhabilitantes. Y agrava la situación de los servidores del sector público, en general, que se vean implicados en delitos relacionados con actos de corrupción.

La propuesta del presidente Lenín Moreno busca evitar “los medios y ardides utilizados para lesionar al Estado y evitar su intervención”. Eleva a nivel constitucional el impedimento para ser candidato a elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar cargos públicos y la pérdida de los derechos de participación política.

Moreno, desde su posesión presidencial, ofreció una ‘cirugía mayor’ a la corrupción. En agosto dijo: “No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país”. Y llamó a las autoridades para que no permitan, bajo ningún motivo, que se detengan las investigaciones “que lleven a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria”.

Y justamente, el mes pasado, el fiscal Carlos Baca anunció además la creación de una Unidad de Delincuencia Organizada. Estos especialistas ayudarán a despachar 56 casos de corrupción calificados como emblemáticos por su delicadeza y el nivel de conmoción social que ocasionaron.

En esa lista están, por ejemplo, expedientes relacionados con los casos Petrochina, Petrotailandia y Odebrecht, este último resultó ser la mayor trama de corrupción regional destapada en los últimos años.

Datos

14 funcionarios han sido vinculados en Ecuador al polémico caso de corrupción de la constructora Odebrecht

35,5 millones pagó Odebrecht en sobornos en Ecuador

14 millones de reparación incluye la sentencia a Jorge Glas

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (46)
No (12)