Un plantón con antorchas se registró, ayer miércoles 24 de febrero del 2016, en los exteriores del Colegio Montúfar. 23 estudiantes que no pueden ingresar a clases asistirán a audiencias la próxima semana. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
El proceso de investigación de los 23 estudiantes suspendidos del Colegio Montúfar -que no pueden ingresar a las aulas- podría durar entre 30 y 45 días, según autoridades del Ministerio de Educación.
Este jueves en una entrevista radial, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, mencionó que con este proceso se determinará la responsabilidad de los jóvenes en las protestas del 15 y 16 de febrero. Durante este tiempo, los jóvenes no podrán ingresar al plantel educativo. Para estar al tanto de las tareas, trabajos y exámenes deberán coordinar con sus docentes.
Luego de la investigación y de las audiencias con cada joven y sus representantes se establecerá la responsabilidad que tengan, o no, en la realización de estos hechos. Las sanciones pudieran ser, según el caso, una amonestación, la suspensión a clases durante 15 o 30 días, o la reubicación del alumno en otra institución educativa.
En el caso de que se sancione a los estudiantes con la suspensión de asistencia a clases, se tomará en cuenta los días que no irán al Colegio, a propósito de este proceso de investigación. Y en función de eso se reincorporarán al plantel o cumplirán con la medida.
Entre los estudiantes suspendidos que serán investigados están: Gonzalo C., presidente del Consejo Estudiantil, alumnos que fueron retenidos durante las protestas y otros involucrados, según informes del Rectorado y de los partes policiales.
Estos jóvenes fueron ya notificados sobre el proceso sancionatorio. A partir de ahí, tienen tres días para presentar pruebas de descargo, luego se hará una audiencia, explicó Jorge Fabara, coordinador general de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación.
Las audiencias se realizarán en la Dirección Distrital de Educación Eloy Alfaro, que funciona junto al Colegio. Estas se harán desde la semana siguiente, enfatizó Fabara. Se tiene planificado que cada día asistan unos cinco estudiantes con sus representantes.
En la las audiencias intervendrá la Rectora de la institución. Ella será la que imponga la sanción, si esta es leve o grave. Si es muy grave, la falta será analizada por el Distrito.
Los representantes de los jóvenes involucrados en este proceso podrán apelar, si no están de acuerdo con la resolución, en la Subsecretaría de Educación de la zona 9, ubicada en la Amazonas o Atahualpa, cuando la falta sea muy grave y si es grave deberán hacerlo ante el Distrito.
Este proceso sancionatorio educativo, en algunos casos, se suma a las acciones legales tomadas la semana anterior en contra de un grupo de estudiantes que fue retenido durante las protestas del 15 y 16 de febrero. Esos días los jóvenes del Montúfar reclamaban por la reubicación de 15 docentes.