La sanción académica a los estudiantes que protestaron se definirá tras fallo judicial

Amigos y familiares pidieron que sus hijos salgan en libertad, pero los jueces de la Corte no aceptaron el hábeas corpus. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO.
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Diego Puente. Redactor (I)
 
dpuente@elcomerico.com

En el Colegio Mejía esperan conocer un fallo judicial sobre los detenidos por las protestas de la semana pasada. De eso dependerán las sanciones académicas que se aplicarán a los chicos.

El rector del colegio, Jaime Torres, dijo que seguirá el debido proceso. Las mamás que el miércoles y ayer, 26 de septiembre, llegaron al CDP para visitar a los detenidos esperan que no se los afecte académicamente. “Esto es un infierno señor, nos atacan por todos lados, son demasiadas represalias”, dijo Marcia V., madre de un estudiante investigado por actos violentos.

La Fiscalía los acusó por daños a la propiedad ajena, tipificado en el inciso 2 del artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)con cárcel de uno a tres años.
Torres dijo que el caso de cada estudiante será analizado de manera detallada y por separado. “No podemos poner a todos en el mismo saco. Seguramente hay algunos que no hicieron nada, pero hay otros que sí”.

Adelantó que como autoridad del colegio se hará cargo de las faltas consideradas graves. Es decir, amonestará verbalmente o por escrito a los jóvenes. “Si se trata de una falta muy grave, es el Distrito (educativo) el que se encarga de sancionar”.

Una falta calificada como muy grave se sanciona con la “separación definitiva (del estudiante) de la institución”, según el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Pero esa separación conlleva que el estudiante sea reasignado a otra institución.

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, señaló que se respetará el derecho a la formación de todos los alumnos. “Incluso a los que la justicia los señale como responsables de los actos delictivos”, comentó.

El Ministerio baraja la opción de reubicar a los estudiantes menores de edad en otros establecimientos fiscales. Siempre y cuando las investigaciones señalen que ellos son los responsables de haber atentado contra propiedad ajena.

En el caso de los mayores de edad que tengan cierta responsabilidad en los desmanes, las autoridades plantean separarlos inmediatamente y reubicarlos en colegios de educación a distancia.

Espinosa aseguró que, incluso, los estudiantes que sean declarados culpables y paguen con prisión por incitar a las manifestaciones violentas, tendrán un sistema de educación en la cárcel. “Sea cual sea el desenlace, vamos a darles acompañamiento”.

En el CDP están 53 personas capturadas en el interior y exterior del colegio Mejía. De ellos 37 son estudiantes. Siete asisten a clases en la tarde y 2 en la mañana (estos no pertenecen al Mejía, uno es de La Salle).

Pero estos casos no son los únicos. El pasado jueves 18 fueron liberados 31 manifestantes detenidos en el colegio Montúfar el día anterior. Seis que vestían el uniforme del colegio Miguel de Santiago también recibieron medidas cautelares. Cuatro de ellos, que son mayores de edad, deben presentarse cada viernes ante el Fiscal.

Uno de ellos es Jaime C. “Aún no sabemos si nos van a bajar puntos o algo. Ya queremos estar tranquilos”, dijo.

Los jóvenes que ahora están arrestados también advierten que con los procesos legales se complica su situación académica. “Algunos profesores no quieren asentar las calificaciones. Eso nos afecta los promedios”, dijo uno de ellos.

En medio de estos hechos, ayer se ordenó prisión preventiva por 30 días contra dos jóvenes mayores de edad que vestían el uniforme del colegio Vida Nueva. Ellos fueron acusados de atacar, el jueves, la parada del Corredor Sur Oriental, Epiclachima y de herir a un funcionario que trabaja allí.

Los familiares de los detenidos temen que estos conflictos legales hagan que los estudiantes pierdan el año por faltas. El rector del Mejía ya dio su posición sobre este tema. “Tenga la seguridad, que el rector justificará todas estas inasistencias”.

El Reglamento a la LOEI establece un máximo del 10% de faltas de los estudiantes en el periodo escolar. Es decir, se pueden ausentar de clase hasta por 20 días, sin excepciones.

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