29 de noviembre del 2016 00:00

USD 50 millones para remediar las canteras

Las canteras implementaron sistemas de humectación. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Las canteras implementaron sistemas de humectación. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
njacome@elcomercio.com

Montañas amputadas y cortinas de polvo que se desprenden de las laderas con el roce del viento. Las heridas que la minería ilegal dejó en San Antonio de Pichincha se convirtieron en el legado indeseable que 40 000 personas que habitan en la zona debieron heredar.

Más de 40 años de explotaciones clandestinas dejaron 42 montañas laceradas. La gente llegó, extrajo el material sin directrices técnicas ni cuidados, y dejó los cerros moribundos, algunos con huecos pequeños de donde sacaron 500 m³ de tierra, y otros con verdaderos cráteres de donde se extrajo más de dos millones de m³.

Quito cuenta con una nueva ordenanza que obliga a las empresas a crear planes ambientales, da la posibilidad de exigir a quienes explotaron la tierra y no la sanaron, que reviertan la afección. En San Antonio nunca una montaña explotada ha sido cerrada de manera técnica; con la nueva ordenanza esto tiene que aplicarse.

Álex Troya, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD de San Antonio, cree que se debe intervenir en las 42 montañas que fueron explotadas, cuyas canteras fueron abandonadas. El GAD cuenta con un estudio que revela que para la recuperación se necesitan USD 50 millones.

Troya explica que lo ideal sería ubicar a las personas que explotaron las canteras, pero ya no están. Como la mayoría eran ilegales, no hay registro de sus propietarios. A quienes sí conocen es a los dueños de tierras: personas de escasos recursos que rentaban la zona para que sea explotada y se les pagaba arriendos de entre USD 800 y USD 1 000 al mes, mientras que el explotador ganaba hasta USD 80 000.

Verónica Arias, titular de la Secretaría de Ambiente del Municipio, explica que en caso de que no se halle al dueño, se debe declararla como desierta y ver quién asume ese pasivo ambiental. La mejor salida para Troya es que lo haga la comunidad. La Junta Parroquial propone convertir esos espacios en escombreras.

Efraín Araujo, especialista en suelos, asegura que la explotación antitetánica causó daños al suelo y a las fuentes hídricas, por lo que un sismo o una fuerte lluvia puede provocar deslizamientos. El reto del Municipio, advierte, es no solo controlar la producción, sino reparar el daño.

Baja la contaminación


Así es San Antonio de Pichincha, la parroquia donde las cicatrices de la minería ilegal forman parte del paisaje y donde los moradores aprendieron a convivir con el polvo. Ese legado posesionó a San Antonio como la zona del Distrito más contaminada por material atomizado.

Eso cambió desde agosto del 2014, cuando el sismo de 5.1 grados que sacudió a la capital sacó a la luz la vulnerabilidad de la zona y el escaso control que se brindaba a las canteras.

Las minas ilegales fueron clausuradas: la parroquia pasó de tener 41 puntos de extracción de material, a contar con 11 canteras legales. El resultado, según Troya, fue lograr una disminución del 20% en la contaminación.

Luego del sismo se colocaron aparatos para monitorear de manera continua la calidad de aire en la zona. Según la Secretaría de Ambiente, en agosto del 2014 la contaminación por material atomizado tuvo picos que alcanzaron un rango de casi 200. En este año, en cambio, la cifra bajó a 120.

Arias explica que el Índice Quiteño de Calidad de Aire se mide por niveles: deseable, aceptable, precaución, alarma, alerta y emergencia. En el 2014, los límites bordeaban los niveles aceptables y de precaución. Este año, en cambio, todos los rangos entraron en la escala aceptable. Incluso hubo meses como junio en los que la contaminación llegó a ser deseable, es decir, muy baja.

Para Arias, el descenso se debe particularmente a la mejora en el control de las canteras y la pavimentación de las vías del sector.

Carmen Gualoto, propietaria de la cantera Tanlagua, pavimentó cerca de 1.2 km, de acceso a su vía. Además, implementó un sistema de señalización y trabaja en terrazas, una especie de gradas, que sostienen al terreno.

En la cantera Terrazas de Mandingo, además, se implementaron sistemas de aspersión para humedecer los caminos internos de las minas. Moisés Pérez, gerente, asegura que se hace una explotación ordenada, con bancos y además implementó manejo de desechos sólidos y líquido peligrosos y se ha trabajado en reforestación. Su mina tiene un gestor ambiental de planta. Tomando en cuenta su sueldo, lo que gasta en agua para humedecer y el plan de manejo ambiental gasta USD 2 000 cada mes.

Troya admite que pese al trabajo de las canteras y de las autoridades, San Antonio nunca va a estar del todo dentro del parámetro normal de contaminación, debido a que la extracción del material pétreo es el motor económico de la zona, pero además por la calidad de suelo y a la poca reforestación que hay en la zona.

El incremento de las medias no solo se ha visto reflejado en la disminución de la contaminación, sino en la salud de las personas.

Según el Centro de Salud San Antonio, en el 2014, se registraron 3 220 casos relacionados con enfermedades del sistema respiratorio y 320 casos de afecciones a los ojos. En esas dolencias el polvo es un detonante importante.

En lo que va del 2016, se han atendido 1 332 casos de enfermedades respiratorias y 60 relacionados con la vista.

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