El Consejo de Regulación de la Comunicación realizó esta semana una suerte de advertencia a los medios sobre el tratamiento periodístico de uno de los hechos económicos de mayor relevancia e impacto de los últimos años. El miércoles entraron en vigencia las sobretasas arancelarias con las cuales el Gobierno pretende desalentar la importación y evitar en el futuro posibles desequilibrios en la balanza de pagos que pudieran mover el piso a la dolarización.
Está claro que la medida no incluye a todo el universo importador ecuatoriano, pero sí afecta a una amplísima gama de productos, cobijados en unas 2 800 partidas arancelarias, de alta demanda local. Como se ve, no es una noticia cualquiera y tiene consecuencias, esperemos positivas, de alcance macroeconómico y también en el día a día del consumidor ecuatoriano.
En ese contexto, nada mejor que fluya la información y se instale el debate y nada más sospechoso que se escondan las noticias o se intente ubicar el foco de la atención pública en asuntos menos importantes aun cuando pudieran resultar más escandalosos.
El mismo Gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de explicar con transparencia el alcance de sus decisiones económicas, las ventajas y obviamente también los posibles riesgos.
Es momento oportuno también para analizar y debatir cómo llegamos a esta situación o evaluar las medidas adoptadas en el pasado que pudieran haber tenido una consecuencia en dirección opuesta a la esperada. Pienso, por ejemplo, en la aplicación del Impuesto a la Salida de Capitales que pretendía desincentivar la fuga de dólares y pudiera haber causado un freno a la llegada de capitales de inversión. O el haber sobredimensionado el precio del petróleo para planificar el Presupuesto estatal de este año.
Y ahora falta comunicar con claridad si la posible escalada de los precios se va a impedir a punta de control policial o si a la información económica se le aplicará una salvaguardia.