Redacción Judicial
Para comprar 115 ambulancias, el Comité de Emergencia del Ministerio de Salud ajustó sus requerimientos a la oferta del contratista invitado: Teodoro Roldán, de la empresa Euromedical.
Así lo determinó la Contraloría General del Estado, en un memorándum del 8 de septiembre de 2009, que llegó a la Fiscalía General del Estado 14 días después, el cual señala 15 anomalías.
561 227 dólares
pudo ahorrar Salud si adquiría directamente furgonetas y las adecuaba, según la Contraloría.Ayer, el fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, señaló que ese documento es su fundamento para formular cargos, por presunto peculado, en contra de la ministra de Salud, Caroline Chang; del vendedor, Roldán; y de seis personeros de la Cartera de Estado.
Ellos son José Bedoya, entonces director de Desarrollo Organizacional del Ministerio; Ernesto Torres, ex presidente del Comité de Emergencia; Roberto Muñoz, asesor legal de la Ministra; Susana Cordovilla, Luis Paredes y Lino Sarmiento, entonces integrantes del Comité de Emergencia.
La Fiscalía y la Contraloría investigaron el caso con base en una investigación publicada por EL COMERCIO el 28 de julio último. Allí se reveló que Salud adquirió a Euromedical 115 furgonetas, las cuales fueron transformadas en ambulancias.
El oficio de la Contraloría remitido a la Fiscalía es el 18021 DPRCDP, suscrito por César Mejía Freire, contralor (e), y adjunta 480 fojas útiles. Allí se adjunta el informe DA2-0026-2009 (DIRES-1159-2009), en el cual se establecen “indicios de responsabilidad penal” por la compra.
Entre las 15 irregularidades, el documento detalla que hubo cuatro procesos para la compra de ambulancias. Los dos primeros fueron “concursos”, con un presupuesto referencial de USD 3,4 millones para la adquisición.
Desde el tercer proceso -refiere el texto- se aplicó la fórmula de “venta directa”; a esta fue invitada la empresa Autec, “pero la certificación presupuestaria se emitió 27 días después de dicha invitación”, por USD 3,7 millones.
En el cuarto proceso se incrementó el valor a USD 3,9 millones, y se invitó a Teodoro Roldán a que “presente su oferta”.
Otra anomalía, según la Contraloría, es que desde el tercer proceso se disminuyeron implementos médicos, previstos en las bases del contrato de vehículos.
En el cuarto proceso, con Roldán, se volvieron “a modificar las especificaciones técnicas y se estableció la potencia del motor puntual igual al del invitado, así como se modificaron las medidas de la ambulancia que concuerden exactamente con las que ofertó el adjudicado y con las disminuciones de los implementos médicos antes señalados”, dice el texto.
Ayer, Roldán aseguró a este Diario que cumplió la Ley. “Yo firmé un contrato con el Ministerio de Salud y en ese documento se detalla, punto por punto, todo lo que tenía que cumplir en relación al equipamiento de las ambulancias y lo hice”.
Otro hecho que fue señalado por la Contraloría es que, después de los decretos de emergencia del Presidente de la República y los acuerdos en ese sentido firmados por la Ministra de Salud, los contratos se suscribieron con Roldán “transcurridos nueve meses desde la fecha de emisión del primer decreto de emergencia”.
El 14 de diciembre de 2007, el Comité de Emergencia, con memorándum CE-10-513-A-2007, adjuntó a la Ministra el informe técnico, legal y financiero de la oferta presentada por Roldán, concluyendo que reúne las condiciones técnicas, legales y financieras requeridas por el Ministerio, “solicitando dicte el correspondiente acuerdo de adjudicación”, refiere el ente de control.
La ministra Chang -dice el informe- con Resolución 155 de 14 de diciembre de 2007, resolvió la adjudicación a Roldán de las 115 ambulancias, por USD 3,9 millones, sin incluir IVA. Y con oficio 12132, de la misma fecha, la Ministra comunicó a Roldán la adjudicación desde el Ministerio.
Según la Contraloría, al comunicar al contratista el contrato de las 115 ambulancias, “cambiando las bases de acuerdo con lo ofertado por Teodoro Roldán Aguirre, se incumplió el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública y expresas disposiciones legales y reglamentarias”.
La Contraloría dice que si el Ministerio de Salud hubiese adquirido 115 furgonetas de forma directa a la empresa KIA u a otra concesionaria y si hubiese contratado por su cuenta la adecuación de las furgonetas a ambulancias hubiera ahorrado USD 561 227.
“Con este señalamiento del informe, no tengo más que continuar la investigación”, dijo ayer el fiscal Alvear. “Cuando hay indicios de responsabilidad penal uno tiene que aplicar la disposición del numeral segundo del art. 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Obligatoriamente tengo que iniciar la instrucción fiscal”.
Los argumentos de la acusación los planteará en la audiencia de formulación de cargos, que se efectuará en una de las dos salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (el tribunal se definirá el lunes, por sorteo).
Según Roldán, “se cumplió con lo previsto y tengo los documentos (el contrato) de respaldo. Si se hubiera faltado en algún aspecto, no se habrían firmado las actas de entrega-recepción”.
La ministra Chang expresó ayer su sorpresa por el “apresuramiento” del fiscal Alfredo Alvear y respondió que el único delito que ella ha cometido es iniciar la implementación de un modelo de atención que ha beneficiado a millones de ecuatorianos.
Reacción
Washington Pesántez/ Fiscal
‘Aparentemente hubo un exceso de medio millón’
La Fiscalía General del Estado realiza una investigación desde hace cuatro meses en el caso del Ministerio de Salud. Dentro de esa investigación, recibimos un informe de la Contraloría General de Estado, en donde se establecen indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios del Ministerio de Salud.
Por eso, la Fiscalía resolvió iniciar la instrucción fiscal, es decir el proceso penal en contra de los funcionarios de Ministerio de Salud, por la adquisición de las ambulancias, en la que, aparentemente, había un exceso en el costo de más de medio millón de dólares y ese es el motivo.
No tengo nada que opinar respecto a los criterios que den los abogados defensores, nosotros no recibimos ninguna presión de ningún asambleísta opositor ni de funcionarios del Gobierno, somos una entidad autónoma, independiente de los demás poderes del Estado. Red. Guayaquil