El drama por la búsqueda de empleo se agudiza: basta mirar los tristes episodios en las calles de las principales ciudades, donde un simple llamado para trabajo temporal convoca a miles de aspirantes.
La cifra se acerca al 10% y amenaza con volverse el problema social de mayor gravedad en el país, pues es fácil colegir las implicaciones y efectos perniciosos que tiene la falta de empleo.
Si bien la crisis global es, en parte, responsable de lo que está ocurriendo por la baja de exportaciones y el descenso en la demanda de productos y servicios, hay que transparentar las otras razones por las cuales Ecuador, específicamente, sufre el deterioro de la oferta de puestos de trabajo.
Los dogmas y radicalismos con los cuales el Gobierno planifica sus estrategias y toma sus decisiones también tienen mucho que ver. Si quienes dirigen el Estado lo hacen con actitudes subjetivas y prejuiciadas contra el sector empresarial y dictan leyes y reglamentos que ahuyentan la llegada de nuevos capitales, esta es una razón tangible para la falta de empleo.
El panorama se completa con normas impositivas extremas y una conducta inflexible en la reglamentación para contratar personal, obstáculos que, en lugar de dinamizar la economía, la están bloqueando. Bien podría el Gobierno incentivar a las empresas que creen empleos temporales y levantar, por un lapso determinado, las numerosas restricciones que existen para contratar personal.
Es plausible el sentido de justicia social que imprime el Régimen a sus políticas laborales y salariales, pero ninguna redistribución de la riqueza será posible si, precisamente, no se dan pasos concretos para que los ciudadanos cada vez tengan mayores posibilidades de encontrar un trabajo digno y estable.