4 de March de 2010 00:00

Salgado encuentra causas para el juicio contra el fiscal Pesántez

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Redacción Política

Los asambleístas de la bancada oficialista de Alianza País buscan el retiro del encargo al fiscal General, Washington  Pesántez, que le hizo la Asamblea Constituyente  de Montecristi, en noviembre de 2007.

Esa alternativa emergió ayer, luego de que  debatieran sobre la posibilidad de iniciar un juicio político a ese funcionario, por supuesto abuso de poder en la Fiscalía, entre otras causales.

63 votos
requiere la Asamblea Nacional para destituir al Fiscal en juicio político.

Esas dos posibilidades que baraja Alianza País fueron evidenciadas por  la asambleísta socialista Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Ella  aseguró,  en una rueda de prensa,  que existen  esas dos opciones, pero aclaró que el proceso político aún no está definido.

La solicitud de  enjuiciamiento político debe contar con  el respaldo de al menos la cuarta parte de los miembros  de la Asamblea Nacional (31 legisladores).  Mientras que, para  proceder a la  censura y destitución del Fiscal General  se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Legislativo (63).

En enero pasado, cuando el Pleno aprobó el pedido de renuncia de Fiscal  votaron 58 asambleístas. “Los asambleístas que votaron en esa ocasión deberían ratificarse y cumplir con su rol de fiscalización”, dijo Salgado.

La legisladora socialista, afín al Gobierno, agregó que “hay una prueba inicial de una publicación que hicieron los fiscales y  provocó desestabilización  en una institución”. Salgado recalcó que con esa prueba se podría iniciar el proceso.

Salgado se refirió al remitido de prensa, publicado el 19 de enero, en donde aparecen los nombres de 65 funcionarios de la Fiscalía. Allí se expresó el   respaldo  a Pesántez y a su esposa, Aliz Borja, a quien se  involucra en el accidente de tránsito que acabó con la vida de la joven Natalia Emme, el 14 de ese mes.

En el caso también está involucrado el policía Wilson Velasteguí, quien asegura que él conducía el  vehículo Vitara SZ de la Fiscalía, en el cual iba Borja, cuando atropelló a Natalia Emme. 

De los documentos que los asambleístas  de Alianza País hicieron públicos sobre  una supuesta red de corrupción en la Fiscalía, dijo que es saludable que ante presunciones de conductas inadecuadas haya  investigaciones.

Sin embargo, reiteró que a la Comisión aún  no ha llegado  ninguna prueba y descalificó los pronunciamientos que hicieron Ma.  Paula Romo y Rosana Alvarado, para  que ella adelantara criterios. “Si se presentan las pruebas habrá transparencia”.  Según Salgado, es una decisión política en la cuál no se pueden confundir procesos judiciales.

De su parte, Gastón Gagliardo, también del bloque oficialista, manifestó que hay una persecución obsesiva a Pesántez, por parte de sus compañeros Romo, Velasco y Alvarado. “Cuando volvamos del receso legislativo analizaremos si amerita o no, este caso, un juicio político”.

La posición de este legislador evidencia que en el bloque de Alianza País se mantienen los criterios divididos en torno a la suerte del Fiscal. De allí que, en las últimas semanas, el caso no ha logrado avanzar, más allá de las denuncias y declaraciones ante la opinión pública.

El taller del bloque gobiernista, previsto para mañana con el presidente Rafael Correa, se pospuso una semana más. En este espacio se espera unificar las visiones que tienen  los asambleístas.

Mañana, el fiscal  Pesántez regresará a sus funciones luego de la  licencia.

La oposición decide...

Los asambleístas que buscan la destitución del Fiscal General buscarán el respaldo de los legisladores de oposición.

El segundo bloque  de  la Asamblea resulta decidor en   esta coyuntura. Se trata de Sociedad Patriótica, partido que todavía  no ha definido su posición frente a este juicio político.

María Paula Romo y Rosana Alvarado  aseguraron que seguirán las denuncias contra el Fiscal hasta que la Asamblea ponga en agenda este espinoso tema.

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