Carlos Marx Carrasco, ministro de Trabajo, durante el anunció el acuerdo ministerial. Foto: María Isabel Valarezo / EL COMERCIO.
Un total de 6 500 trabajadores del nivel jerárquico superior de todas las funciones del Estado enfrentarán la reducción de sus remuneraciones mensuales unificadas. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco.
De las diez escalas existentes, el que se encuentra en la primera ganará USD 2 115; el que se halle en la décima recibirá 6 261.
Estos salarios no incluyen a los sectores de salud, seguridad, jueces, fiscales y defensores públicos ni servidores de carrera.
Pero sí se aplica a los trabajadores del nivel jerárquico superior de las funciones Ejecutiva, Electoral, Legislativa; Consejo Nacional de la Judicatura, Función de Transparencia y Control Social y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Para la Función Legislativa también se estableció techos salariales, según indicó Carrasco en el Acuerdo Ministerial 040. Los asambleístas ganarán USD 5 009 (antes
6 000), mientras que para los asistentes será 1 394.
La Cartera de Estado, que tiene potestad para revisar las remuneraciones de otras áreas, determina a través del acuerdo una remuneración unificada de USD 5 009 para los parlamentarios andinos.
Mientras que para los empleados del nivel jerárquico superior de las entidades de Estado que tengan particularidades remunerativas se estableció una escala de reducción de entre 5 y 10%, siendo el porcentaje mayor correspondiente a quienes más ganan. En este caso están los empleados del IESS.
Además, el decreto establece pisos y techos para alcaldes, prefectos, procuradores, síndicos, secretarios generales, etc. Estos GAD fueron clasificados en cuatro categorías, en base al modelo de equidad territorial del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
“La decisión del presidente Rafael Correa está tomada”, dijo Carrasco y añadió que cualquier reacción que se tenga sobre el decreto no tiene fundamento jurídico.
Además, respondió a las declaraciones hechas por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, quien señaló.El miércoles, la funcionaria, junto a miembros del bloque de AP, indicó que el Consejo de Administración Legislativa determinará el porcentaje de la reducción. Carrasco reiteró que la decisión por decreto está tomada y “no tiene validez jurídica alguna una decisión por parte del CAL”.
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