Santiago Ayala S.
El jet de Petroecuador despega cada mañana, a primera hora, desde el hangar de la estatal en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, rumbo a Coca.
Va cargado de empleados que lucen sus overoles. La aeronave es veloz y se demora apenas 25 minutos en conectar ambas ciudades. El viaje casi ni se siente y, de un momento a otro, los arropados empleados empiezan a sacarse sus prendas. El calor abrasador de la ciudad oriental así lo obliga.
Más sobre el contrato
El pago por la producción del volumen es de USD 7,81 por el barril. Eso es lo que le cuesta a Petroproducción extraer un barril en el campo Sacha. Ese valor fue definido por dicha filial.
El costo se actualizará de acuerdo con un índice de inflación determinado en el Contrato y que se obtiene de la publicación del Bureau of Labor Statistics, que es un organismo estatal del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Este publica los índices para un sinnúmero de industrias del mundo.
Casi automáticamente, y pese a la costumbre, empiezan a sudar y a buscar algo para refrescarse. Unos acuden al baño a mojar sus cabezas, otros al bar aledaño a tomar su primera bebida del día. Luego, las alrededor de 75 personeros se ubican en las camionetas que esperan para llevarlas al campo Sacha. El convoy tarda en llegar alrededor de 25 minutos. Luego, todos a trabajar.
Hasta el pasado domingo, así era la actividad habitual. Pero ayer algo cambió: se sumaron los personeros de la empresa mixta Río Napo (formada por Petroecuador y Petróleos de Venezuela, Pdvsa), que tomó a su mando el control de las operaciones.
Durante los últimos meses, esto ha generado malestar en algunos grupos e incertidumbre dentro del campo. Hugo Coronel, gerente general de Operaciones Río Napo, señala que “Petroecuador es y seguirá siendo dueño del 100% de la producción, de las reservas y de las instalaciones y que el personal que estará involucrado en las operaciones del campo Sacha será un 90% ecuatoriano”. No obstante, en el campo no se respiraba mucha tranquilidad.
“No sé qué vaya a pasar, aquí ha habido bastante nerviosismo en los últimos días”, conversaban algunos operarios sigilosamente la semana pasada, en una visita de los periodistas al campo Sacha para ser testigos de la inversión de USD 23 millones en equipos de remediación ambiental.
Al respecto, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Germánico Pinto, afirma que “no existen riesgos laborales y se respetarán todos los beneficios de Ley, que desde ayer fueron asumidos por Río Napo. Si por alguna razón esta compañía dejara de operar, los empleados regresarán a sus puestos de trabajo”.
Por su parte, Coronel explica que los accionistas (Petroecuador y Pdvsa) aportarán las inversiones, costos y gastos para incrementar la producción. El total de inversiones estimadas para el proyecto asciende a USD 621 millones, y los costos y gastos para la producción incremental a USD 905 millones.
“De estos montos, Pdvsa aportará con el 30%, que equivale a USD 458 millones durante la vigencia del Contrato de Servicios Específicos. El 65% de los desembolsos totales se realizará en los primeros cinco años”.
A pesar de ello, Diego Cano, Martha Roldós, Fernando Villavicencio y Henry Llanes remitieron a la Contraloría General, a la Procuraría y a la Fiscalía una solicitud de investigación de la adjudicación del contrato a Río Napo.
“La entrega ‘a dedo’ del campo más grande y productivo de crudo liviano vulnera una línea histórica de defensa de los bienes públicos, violenta la norma jurídica de protección de la soberanía hidrocarburífera y contradice lo manifestado por el presidente Rafael Correa, cuando era candidato. Para él, la pretendida entrega de las denominadas ‘Joyas de la Corona’ al capital extranjero era considerada una traición”.