Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: EL COMERCIO
La sentencia de 20 años que se dictaminó contra un sacerdote en Santo Domingo, en el occidente del Ecuador, por presunta violación a una menor de edad, fue apelada por su abogado defensor. El jurista presentó este viernes 30 de mayo de 2014 un pedido de aclaración con respecto a la indemnización económica que se debe cancelar a la afectada.
Según la resolución del Tribunal de Garantías Penales, el clérigo entregará una compensación de USD 5 000 por los “daños materiales e inmateriales ocasionados por la infracción”.
Pero la defensa considera que se debe exceptuar ese monto debido a que el sacerdote no los podrá pagar por falta de recursos económicos. El Tribunal dentro de tres días deberá resolver la petición. Después de dilucidar este trámite, la defensa del detenido no descarta apelar nuevamente la sentencia, para que por la vía de la casación, se resuelva en una de las salas penales de la Corte Nacional de Justicia.
Hasta tanto, la Fiscalía se pronunció favorablemente por la condena impuesta al sacerdote. El fiscal del caso basó su acusación apoyado en las declaraciones de 25 testigos y tres policías.
También presentó exámenes psicológicos y ginecológicos que se le practicó a la víctima. Las pruebas llevaron a los tres integrantes del Tribunal de Garantías a determinar la culpabilidad del imputado el pasado 19 de mayo, dentro de la audiencia de juzgamiento.
Mientras que la madre de la menor fue absuelta porque la Fiscalía no la acusó. En un principio ella fue detenida por presunta encubridora. En el acta de la sentencia se detalla que la progenitora trabajaba como empleada en la iglesia a la cual acudía los martes y viernes con su hija.
En ese escenario presuntamente se habría cometido el delito. Pero el abogado del sacerdote, en el marco de la audiencia, alegó la inocencia de su cliente. Y argumentó que este llegó a la parroquia hace cinco años y desde entonces sembró un ambiente de cordura y confianza entre todos los habitantes.
Incluso en el 2011, el sacerdote medió para que se solucione un conflicto entre los moradores y funcionarios municipales que intentaban construir un botadero de basura, según reza el acta de juzgamiento.
“Se inventaron un presunto delito de violación que nunca existió”, señaló el defensor del sacerdote. El caso se remite a mayo de 2013 cuando el religioso fue detenido en casa de su hermana. Desde entonces guarda prisión en la cárcel Bellavista de la provincia Tsáchila. En lo que va del año, en Santo Domingo se han denunciado 80 casos por delito sexual.