30 de octubre del 2015 00:00

Sacapintas perpetraron 600 asaltos en 4 años

Sacapintas

El martes, un policía que atendía a una mujer fue atacado por 4 sospechosos que circulaban por el redondel de El Ciclista. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)
ortizs@elcomercio.com

El sospechoso desenfundó el arma de fuego y apuntó directo al rostro del policía Luis B. No hubo tiempo para reaccionar y se escuchó una detonación. El cuerpo del agente quedó tendido sobre el pavimento y su casco se manchó de sangre.

Luis B. es un cabo primero de policía y padre de tres niños. Su estado de salud es estable, pero tiene una bala alojada en el cerebro. Los médicos no la podrán retirar por riesgo a causar más daño. Este ataque sucedió el martes, en el redondel de El Ciclista, en la avenida De los Granados, en el norte de Quito.

El único detenido es un extranjero. En la audiencia, su abogado aceptó que él intentaba robar el bolso de una mujer que minutos antes habría retirado USD 4 000 en un banco.

En los últimos cuatro años, la Policía ha contabilizado 600 casos de robos bajo la modalidad de sacapintas: operaron hombres armados, se movilizaron en motos y los afectados fueron clientes de bancos que retiraron fuertes sumas de dinero sin resguardo policial.

Otra víctima de estas bandas es una empresaria quiteña. Prefiere simplemente ser llamada Lucía, por temor a represalias. Ayer contó a este Diario que hace tres semanas retiró USD 10 000 en efectivo de una entidad financiera, en el norte de la capital. En el trayecto hasta una de sus oficinas no se dio cuenta que dos hombres armados la seguían en una motocicleta.

Seguía en el parqueadero, en el interior de su auto, cuando escuchó un ruido a su lado izquierdo. “El hombre me decía dame el bolso, mientras golpeaba la ventana con la empuñadura de una pistola”, contó.

Al ver que la ventana no se rompía, el desconocido intentó fracturar el cristal del lado del copiloto. Lucía salió descalza del auto y corrió casi 10 metros hasta la empresa. Pero en el camino sintió un golpe en el rostro y la sangre comenzó a correr. Ese día el desconocido huyó con el dinero.

El caso del martes fue similar. La víctima fue seguida por dos asaltantes al salir del banco, pero ella sí notó su presencia. Por eso llamó al ECU 911 y dio su ubicación. Los policías del Grupo de Operaciones Motorizadas respondieron al llamado. Allí estaba el policía Luis B. Los agentes ubicaron las motocicletas en el redondel y les advirtieron a sus ocupantes que debían detenerse y presentar sus documentos. Pero ellos respondieron con disparos.

Un día después del ataque, el policía herido recibió la visita del ministro del Interior, José Serrano. Hablaron cinco minutos en el área de Cuidados Intensivos. Luego el funcionario dialogó con la familia del agente y al final dio un anuncio: “Doy a conocer que los policías tienen todo el respaldo del Estado para actuar bajo el uso progresivo de la fuerza, antes de que los delincuentes desenfunden armas como pistolas o cuchillos”.

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el Ministro indicó que “se quiere coordinar con la justicia, a fin de que la Policía no tenga miedo de usar armas en defensa de la ciudadanía”.

Esto para que los agentes no sean procesados por asesinato cuando ellos usan primero el arma, antes que el asaltante.

El artículo 14 del Reglamento del Uso Legal, Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional autoriza a los uniformados a usar sus armas de dotación siempre y cuando “resulten ineficaces otros medios alternativos para lograr el objetivo legal”. El arma policial se utilizará para “salvaguardar la vida de un servidor policial o de un tercer frente a un peligro actual, real e inminente”.

Juan Pablo Albán, profesor universitario de Derechos Humanos, explica que a escala internacional hay manuales sobre el uso progresivo de la fuerza. En todos los casos se establece que disparar a órganos vitales a un sospechoso peligroso es la última alternativa. “El derecho a la vida de los policías no está en discusión, pero no se puede decir que deban usar el arma contra ciudadanos, porque presumen que les pueden hacer daño”.

Albán también recalca que para hablar de legítima defensa se necesita primero que exista un agresión actual (en ese momento) y justa; y una necesidad de emplear un tipo de defensa con proporcionalidad.

El Reglamento de la Policía aclara que el empleo del arma letal “debe enmarcarse en las causales de legítima defensa”.

En contexto

Desde el 2009 la Policía cuenta con manuales de derechos humanos. El último Reglamento está vigente desde agosto del 2014 y detalla los niveles del uso de la fuerza: primero debe ser verbal, luego controlar de forma física, usar técnicas defensivas y fuerza letal.

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