29 de junio de 2014 19:25

Rommel Jurado es contratista frecuente de la Supercom

Joffre Flores / el comercio

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Estefanía Celi y Flor Layedra 
politica@elcomercio.com
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El contrato, por un monto de USD 190 800 más IVA, fue firmado el 8 de mayo pasado. Allí, Rommel Jurado se comprometió a entregar a la Superintendencia de Comunicación (Supercom), durante este año, cuatro informes sobre el cumplimiento de la Ley de Comunicación en una muestra de medios impresos, radiales y televisivos.

31 días antes de la firma de ese contrato, el titular de la Supercom, Carlos Ochoa, ya sabía los resultados de un examen y los dio a conocer en una entrevista en Teleamazonas.

El 7 de abril, un mes antes de que se suscribiera el acuerdo, dijo: “Hemos mandado a elaborar un estudio (...) porque queremos efectuar una labor de pedagogía, y si usted viera el resultado de este estudio, se daría cuenta de la cantidad de veces que la mayoría de medios viola la Ley de Comunicación”.

Ochoa aseguró entonces que se reuniría con los directivos de los medios para “señalarles” en qué aspectos tienen fallas.

Dos días después, el 9 de abril, en Gamatv, volvió a mencionar el contrato y precisó que en 15 días (para la semana del 21 de abril) tendría el resultado final.

En ninguna de las entrevistas reveló detalles de la “empresa” que estaba a cargo del análisis y, para esas fechas, ningún proceso precontractual con ese fin había comenzado todavía.

Los documentos del proceso adjudicado a Jurado, que concuerdan con lo mencionado por Ochoa, están en el Portal de Compras Públicas y desvelan que recién el 25 de abril se emitió la certificación presupuestaria para iniciar ese proyecto, que es el primer requisito para una contratación.

Allí también está el Acta de Calendarización, en que se determinan las fechas del primer análisis: el 16 de febrero para impresos, el 17 para radio y el 18 para canales de televisión.

Jurado se encarga de hacer el análisis de la edición de un día en 10 periódicos, y de las 24 horas de programación de un día en 12 radios y ocho canales de TV. La evaluación se realiza cada trimestre, para presentar cuatro informes al año, según los pliegos del proceso.

Las reuniones con los representantes de los medios se vienen desarrollando desde el 9 de junio. Una circular de la Supercom adjunta el cronograma y remite a los representantes a la oficina de Jurado, en Quito.

Ese contrato no es el único que Rommel Jurado mantiene con el Estado. Otros procesos, relacionados con la Ley de Medios, le han sido adjudicados.

La Supercom lo contrató, en diciembre, para socializar la normativa por USD 2 000, en un proceso de adjudicación directa por ser de menor cuantía.

En abril pasado, nuevamente le otorgó un contrato, en este caso por USD 59 800 más IVA. Se requirieron sus servicios como experto para que “brinde el servicio de socialización y difusión de la Ley Orgánica de Comunicación”.

Según el contrato, también disponible en Compras Públicas y suscrito el 24 de abril, debe dar 12 charlas magistrales y 25 talleres provinciales. Una de esas conferencias se desarrolló el miércoles 18 en la Universidad Casa Grande, en Guayaquil.

Los tres contratos, sin IVA, suman USD 252 600. Según dijo Jurado en esa charla de la semana anterior en Guayaquil, los montos son correctos para el trabajo que debe hacer. En entrevista con este Diario, señaló que tiene un equipo de 10 personas para el análisis de los 30 medios del primer contrato.

¿Por qué todos estos contratos son para Jurado? Ochoa lo simplifica así: él es el que más sabe en este país sobre la Ley de Comunicación. Durante la charla en Guayaquil, el miércoles 18, el Superintendente dijo que por esa razón lo invitó a colaborar con la entidad. “No voy a llamar para que hable sobre la Ley a periodistas fracasados. Tengo que buscar, obviamente, a alguien que sepa”, dijo.

El titular de la Supercom no se equivoca en esa afirmación. Jurado, abogado de profesión, conoce a fondo la Ley de Comunicación, pues acompañó el proceso de su elaboración como asesor de la Comisión Ocasional de la Asamblea que se creó para tal efecto el 2009.

Fausto Cobo, exasambleísta que integró esa mesa legislativa, recuerda que fue cercano a Betty Carrillo (Alianza País), quien presidió la Comisión ocasional. También señala que después de estar en Comunicación, acompañó a Mauro Andino en la Comisión de Justicia, donde fue el secretario.

Jurado no ve ningún problema en contratar con el Estado después de haber trabajado en la Asamblea. Especificó que él ya no es funcionario público desde hace más de un año y que mantiene este tipo de contrataciones desde 1995.

Después de las reuniones con los medios privados, también ha sido contratado por algunos de ellos para brindarles asesoría sobre el tema.

Jurado, además, ha recibido contratos con la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) para la socialización de la Ley de Medios.

Esa entidad requirió sus “servicios de capacitación en temas constitucionales relacionados con la comunicación social”. Según el reporte de ejecución de gastos de la Secom, cobró USD 5 100.

Además, fue contratado por la Secretaría para prestar los servicios de “Difusión de la Ley Comunicación en la metodología talleres”. El contrato se firmó el 25 de noviembre del 2013, por USD 8 000 más IVA.

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