Rodrigo Suárez, titular de la Secretaría Técnica de Drogas. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Entrevista a Rodrigo Suárez, titular de la Secretaría Técnica de Drogas
En una propuesta remitida a la Asamblea, el Ejecutivo pide que se encarcele de uno a tres años a quienes consuman droga en espacios públicos. Pero investigaciones académicas dicen que la mayoría consume narcóticos en parques, calles, etc. ¿Se va a encarcelar a todos?
El espíritu de la reforma del Presidente de la República es reducir espacios para que la gente no pueda consumir sustancias en esos sitios.
¿Pero no será complicado mandar a todos a consumir droga en las casas?
Aquí el eje fundamental es la familia. Por eso creamos varios ámbitos de prevención. Al estar de por medio la familia, lo que se hace es reducir un espacio en donde no se debe consumir. Por ejemplo, antes se fumaba en los ascensores y ahora no.
Pero el tabaco y la marihuana o la cocaína son totalmente distintos…
Pero igual afectan a la salud de las personas.
De aprobarse la reforma ¿en la práctica es viables aplicarla, cuando hay consumidores en la calle?
Esto es justamente para reducir esos espacios.
¿Entonces, al siguiente día de aprobada la propuesta se le va a decir a los policías que detengan a todos los que consumen en los lugares públicos?
No se trata de eso, de criminalizar el consumo.
Pero eso se dice en la propuesta.
La redacción (de esta iniciativa) está como usted dice. Pero le reitero que esta es una propuesta, Si bien es cierto que el Presidente de la República tiene el derecho de ser un colegislador , de enviar un texto, esto va a la Asamblea. Ahí se emitirá un texto final y solamente ahí podremos decir esto ya es una ley.
Cuando la Comisión legislativa que trata el tema le convoque ¿Qué dirá?
Haremos conocer nuestra posición, pero lo importante es tratar de llegar un texto que esté acorde con la Constitución y las leyes que rigen. Tenga por seguro que cuando sea aprobada la reforma será respetando las normas y los derechos, para no violar absolutamente nada.
¿Usted está de acuerdo con meter a la cárcel a quienes consumen droga en los sitios públicos?
En el país, la Constitución, el COIP establecen que el consumidor tiene el derecho a no ser criminalizado. Basado en esto, la redacción (del texto) será de acuerdo a lo que dicen las leyes. No se puede ir contra una norma.
¿Entonces le asesoraron mal al presidente Correa?
No le estoy diciendo eso. No le digo que esto está mal. Lo que digo es que cuando salga la redacción téngalo por seguro que será en concordancia con las leyes.
¿Con esto se está tratando de implementar una política represiva?
No, no. Aquí hay una ley orgánica que establece la política de prevención de drogas.
El entonces ministro José Serrano incluso hablaba de un posible apoyo a la tendencia regional de despenalizar el consumo del cannabis y hoy resulta que se busca la cárcel.
No habrá país en el mundo que diga yo renuncio a la represión jurídica del delito y renuncio a dar la rehabilitación. Acá existen organismos internacionales, multilaterales donde hay una política general de prevención de drogas, de la cual el Ecuador es signatario y se respeta.
¿Y qué se ha hecho en cuanto a la prevención?
La política pública de prevención tiene dos objetivos claros. El primero es dar atención integral al consumidor, para rehabilitarlo, dar tratamiento y reinsertarlo a la sociedad. El segundo objetivo es prevenir el consumo. Nosotros trabajamos en diferentes ámbitos: en lo laboral, educativo, educativo superior, comunicacional, recreativo y deportivo; y atención integral en salud.
¿Que arroja ese trabajo?
En lo laboral hay 20 695 trabajadores capacitados, al igual que 5 358 profesionales y más de un millón de beneficiarios directos e indirectos, que ahora ya saben del efecto de una droga, ya saben el cambio que pueden notar en sus hijos. En lo educativo hay 3 530 capacitaciones en colegios fiscales, 1629 en privados. Total de capacitados de los Departamento de Consejería Estudiantil 5 159 y total de capacitados de las instituciones educativas 4 574.