24 de diciembre de 2016 00:00

Rodrigo Izurieta: ‘Nankits son un grupo armado que se instaló en terreno privado’

Rodrigo Izurieta es el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Foto: Cortesía

Rodrigo Izurieta es el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Foto: Cortesía

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Redacción Negocios

Entrevista a Rodrigo Izurieta, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador.

¿Cuál es su lectura sobre el conflicto en San Carlos Panantza entre los Nankits, la minera Explorcobres y el Gobierno?
El conflicto es minero y de seguridad interna. En el 2000, la empresa Explorcobres adquirió algunas propiedades de terceras personas, privadas, colonos que tenían propiedades para agricultura, ganadería, etc. Y dentro de esas propiedades se construyó el campamento La Esperanza. En el 2006 un grupo de seis familias invadieron estas tierras, deforestaron y se implantaron ahí. En ese momento se bautizaron como Nankits. La empresa puso una acción legal para obligarlos a desalojar el área. El proceso demoró 10 años y se intentó dialogar con ellos. Una de sus estrategias fue decir que son tierras ancestrales. Y no son.

¿Qué documentos demuestran que no son tierras ancestrales?

Porque han estado en manos privadas más de 30 años.

¿Pero, antes de 30 años existían poblaciones en esta zona?

Pues no, porque eran tierras no habitadas. Por eso se entregaron las tierras como agrícolas a los primeros dueños y fueron aprovechadas como tal. Los primeros colonos que empezaron la actividad agrícola nunca encontraron comunidades dentro de estas tierras, que no tenían ningún otro uso. Además, para que sean consideradas tierras ancestrales tiene que haber una declaración formal por parte del Gobierno, que ni los gobiernos anteriores ni este lo han hecho porque no lo son. Las tierras ancestrales están a unos 20 km. de ahí.

Hace 30 años no había este reconocimiento como tierras ancestrales. Eso se plasmó en la Constitución del 2008.

Pero sí había otras figuras que protegían a ciertos pueblos. El punto es que estas tierras no fueron reclamadas por nadie como ancestrales y ese reclamo vino de personas que no eran Shuar, sino que se bautizaron como Nankits en el momento de la incursión en el 2006. Entre julio o agosto de este año, la empresa desalojó a estas personas de forma pacífica y se les facilitó la logística para que lleven sus cosas a otros sitios. Incluso, se hizo una compensación ordenada por el juez y ahí quedó el tema. Ahora, en la incursión de este mes, este grupo armado asaltó a casas de la comunidad. No solo fueron contra la empresa. La comunidad apoya el proyecto.

¿Qué comunidad apoya la minería en la zona?

La comunidad que está ahí, en Panantza San Carlos.

Entonces, ¿no está hablando de los Nankits?

No, los Nankits son un grupo armado que se implantó en una propiedad privada y se bautizaron así. Ese grupo no existía antes de la invasión del 2006. El hecho que les identifica es la invasión.

¿Faltó comunicación por parte de las autoridades y de la empresa?

En retrospección se puede decir que faltó algo, porque actualmente hay un policía muerto, hay daños a la propiedad privada, hay un Estado de excepción para restablecer el orden, hay desinformación. Se pudo haber hecho algo antes para disuadir o evitar que se compliquen los hechos.

¿Cuál es su propuesta para que este tipo de hechos ya no se repitan?

Es importante que el tema no se politice. No es coincidencia que salgan a la luz, justo dos meses antes de las elecciones. Este problema es de hace 10 años y el primer desalojo fue en julio o agosto. No es coincidencia que existan declaraciones coordinadas entre grupos. Escogieron un momento favorable.

Su trayectoria 

En julio de 2015 se convirtió en titular de la Cámara de Minería. Además es miembro del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. En julio de 2009 hasta 2013 fue director de la Cámara.

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