A la gestión del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se le abre un nuevo frente político que pondrá a prueba su capacidad de liderazgo. Se trata de una petición formal del sector de los transportistas de buses urbanos, que solicitó al Cabildo una revisión de la tarifa de los pasajes, que actualmente es de USD 0,25.
Ayer, 20 de agosto, por la tarde, una delegación de 50 representantes de los choferes llegó hasta el Municipio de Quito con un estudio en mano, que establecía que la nueva tarifa debería ser de USD 0,42.
Los transportistas sustentan su petición en tres pilares: uno, que la tarifa vigente se ha mantenido desde el 2003; dos, que desde esa fecha ha existido un sistema inflacionario acumulado del 50%; y finalmente, que el costo de la canasta automotriz se ha incrementado en el 100%.
Analistas consideran que el tema del incremento en el costo de los pasajes es políticamente sensible. Dentro del gobierno del presidente Rafael Correa, por ejemplo, ha sido uno de los puntos que ha motivado constantes negociaciones con el sector, siendo los subsidios y las compensaciones la salida común.
El último acuerdo entre el Gobierno y los transportistas fue en mayo del 2012. En ese tiempo los choferes exigían el aumento del 25% de las tarifas y que fue autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, las ministras Betty Tola (Política) y María de los Ángeles Duarte (MTOP) acordaron pagar USD 800 a cada una de las 5 800 unidades de transporte intercantonal e interprovincial y USD 300 a las urbanas (solo en Quito hay más de 2 000).
“Ha habido compensaciones que no satisfacen la necesidad y eso refleja en que lo político se está superponiendo a lo técnico. Eso debe cambiar”, dijo José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte. Según él, el sector no quiere más subsidios pues en algunos casos aún se les adeuda ocho meses de pagos.
Sin embargo, esta es la primera vez que los choferes acuden al Municipio de Quito para que escuche sus peticiones y del que esperarán respuestas. El motivo es que, desde el 2012, el Consejo Nacional de Competencias (CNC) resolvió entregar la competencia para la planificación y regulación del tránsito, el transporte terrestre y el seguridad vial, a los gobiernos municipales.
Jorge Yánez, presidente de la Corporación de Movilidad, ratificó que para ellos es el Municipio de Quito quien ahora tiene la obligación de revisar las tarifas de los transportistas pues ellos ya no quieren subsidios sino recibir un costo real por el servicio.
El exalcalde de Quito, Paco Moncayo, ofrece otro punto de vista sobre las competencias. Para él, el traspasar la decisión del alza de los pasajes a los municipios es complejo por el alcance nacional que una medida como esta generaría. Al alza de pasajes se sumaría la de salarios e incluso pensar en nuevos contratos colectivos, sostiene.
“No es un tema local sino nacional”, y advierte que el alza de pasajes supone un proceso inflacionario porque se trasladarían los costos del pasaje a otras áreas. “No se puede echar la pelota a los municipios, por más que sus competencias sean de organizar y regular el transporte, es la responsabilidad del Gobierno”.
El pedido de los transportistas ha generado inquietud al interior del Municipio por lo sensible que políticamente es el tema. El alcalde Mauricio Rodas, quien no pudo recibir a la delegación del gremio, dijo que “analizará la propuesta y tratará de llegar a acuerdos que beneficien a todos”.
Indicó, además, que su administración velará el bienestar de los ciudadanos y de sus bolsillos. Adelantó que dentro de las conversaciones con los transportistas se incluirá la necesidad de mejorar la calidad del servicio: mayor comodidad, seguridad y mejores condiciones ambientales.
La vicealcaldesa Daniela Chacón agregó que el informe de los transportistas será analizado de manera inmediata y que se generarán mesas de diálogo para el respectivo análisis.
Por ahora los choferes están abiertos al diálogo, sin embargo, advirtieron que de continuar trabajando en las condiciones actuales deberán parar las unidades por falta de recursos para el mantenimiento.
El analista Jorge León asegura que el bloque de los transportistas ha estado en convivencia con el Gobierno central y desde el inicio de las campañas estuvieron a favor de Rafael Correa. “Los transportistas hacen cálculos muy pragmáticos; no tienen una definición programática o política. Su lógica de obtener ventajas”.
Para él este gremio está aplicando una presión política.
“No hacemos presión política, estamos amparados con estudios, con bases para que estos puedan ser analizados”, dijo Yánez.