Pocas personas colaboran con la preparación de alimentos y eso es un motivo de discordia entre los damnificados. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Cuando recibió la camiseta donada para bebé, Karina López sonrió. Pero no fue un gesto de alegría; más bien de resignación, de ironía. ¿Será que esto le queda a mi hija de 17 años?, dijo en voz alta. El resto de mujeres que formaron una fila para recibir a su suerte las otras prendas disponibles se contagiaron enseguida.
Hubo quejas porque no existía ropa para cada talla o género. El personal militar encargado del campamento Los Esteros 1 las repartió entre las 389 personas que, hasta el martes en la noche, estaban en este sitio temporal de Manta.
Karina López dice que para sus dos hijos adolescentes casi nunca consigue ropa. “Me dicen que las cambie, pero en dónde”. Aunque se intenta mantener el orden en el campamento, tras más de cuatro semanas de convivencia las molestias comienzan a registrarse incluso en los ambientes más cotidianos.
“Yo soy la que hago el arroz. Estoy enseñada a trabajar. Estar metida en mi carpa no me gusta. Pero faltan incentivos porque, por ejemplo, cuando se citan a seis personas a la cocina solo van tres y ahora para pedir la ropa vienen todas”, dice Viviana Parodi.
Los militares encargados de cada bloque recuerdan de forma constante a los afectados lo necesario que es contar con voluntarios para tareas como la cocina y limpieza de baños. “Aquí no es un campamento militar pero sí una organización donde se deben cumplir normas. Ahorita ya empiezan los problemas, la gente ya no quiere colaborar”, cuenta Víctor Fabara, administrador del campamento.
La inconformidad de algunos damnificados en los últimos días devino incluso en inconvenientes legales. Según Fabara, la semana anterior dos personas albergadas fueron detenidas al encontrarlas en un intento de robo de comida de las bodegas de este campamento.
Otras dos personas fueron detenidas por robo en los albergues de Portoviejo, según Vicente Sánchez, director del ECU 911, Zona 4. Por ello, hay policías vestidos de civil vigilando. “Hemos instalado tres cámaras de seguridad, que están comunicadas de manera directa con el ECU 911”, añadió el funcionario.
La seguridad también tiene que ver con el bienestar de los niños y de las adolescentes. Además hay un registro de entrada y de salida, horario de visitas y se han establecidos horas para caminar en los campamentos.
Otra denuncia que se tramitó en el albergue del Divino Niño en Pedernales fue por acoso. Un padre de familia denunció a un menor de edad que supuestamente abordó a su hija adolescente. Sin embargo, los encargados del albergue comprobaron que no fue más que un malentendido.
Las normas de convivencia están a la vista de todos quienes ingresan a cada campamento, como el del exaeropuerto Reales Tamarindos de Portoviejo, donde hasta el martes estaban 1 185 personas en 210 carpas.
En estos carteles se indican principios básicos como el respeto a los horarios de régimen interno, a normas de urbanidad e higiene, y prohibiciones como el consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, el ingreso de personas en estado etílico y la tenencia de armas.
También se dan otras recomendaciones para cada área asignada (vivienda, salud, recreación y alimentación). Y se piden requisitos a los visitantes.
La mayoría de estas normas en este campamento sí se cumplen, asegura su administrador, el capitán Luis Lavayen, aunque también se refiere a un voluntariado que en los últimos días se ha vuelto irregular. “Hay personas que vienen a la cocina pero que ya no vuelven en la tarde, pero igual están todos sentados esperando que se les dé desayuno, almuerzo y merienda. Es complicado”.
Lavayen dice que casi siempre hay unas 15 personas que se reparten varias tareas y no tienen la colaboración de otras. Una de ellas es Jessica Zambrano, de 38 años, que ayuda desde hace cuatro semanas a cocinar. Aunque no vive en el campamento, lo hace debido a que su papá sí ocupa una carpa.
“Tenemos tres mingas a la semana que son obligadas porque antes se pedía de favor”, cuenta Lavayen, encargado de los 38 militares y voluntarios que ayudan en la administración del lugar. “Pero igual hay gente que se esconde o simplemente no quiere ayudar”.
Según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del 19 de mayo de este año, donde se incluyen las cifras de personas que están albergadas, existen 28 775 en esta situación.