El presidente Rafael Correa a su ingreso a la ceremonia por los 207 años del Primer Grito de la Independencia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El discurso del presidente Rafael Correa, con relación a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), cada vez sube más de tono. “Estamos enfrentando grandes riesgos, hay insolencia, incluso algunos oficiales en servicio activo; hay golpes de Estado suaves”, dijo Correa el jueves, en una de sus recientes intervenciones.
El coronel (r) Mauricio Páez sostiene que el Gobierno ha intentado posicionar el discurso de que combate las injusticias que hay en las filas militares, pero tergiversando los hechos. Y para ello ha utilizado toda su maquinara de comunicación.
Todo esto ocurre a cinco meses de que se den las elecciones generales, en febrero del 2017, y mientras las fuerzas políticas definen sus candidatos para la Presidencia, Vicepresidencia y el Legislativo.
El Gobierno nunca hace las cosas al azar y que todo está ligado a la política del socialismo del siglo XXI, señala el general (r) y exalcalde de Quito, Paco Moncayo, quien sostiene que la intensión del Régimen es debilitar a la institución e incluso provocarla.
El presidente Correa “ha fracasado en la conducción económica y política del país y quiere una salida airosa”, señala Moncayo, quien también es coordinador del Acuerdo Nacional por el Cambio.
Se trata de enfrentar la crisis económica en el país, enfocando la atención en otros temas que pueden ser de interés para la ciudadanía.
Páez concuerda en que el discurso tiene elementos de provocación, pues se intenta tomar decisiones por la fuerza. Pero resalta también que los uniformados “han sabido manejarse de la manera más correcta, pese a las presiones”. Pero esta relación de confrontación con los uniformados no fue la que marcó la mayor parte del Gobierno.
Por el contrario, en agosto del 2007, de frente a la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, el tono del Mandatario hacia este grupo fue diferente; más conciliador.
Buscó su apoyo, les pidió estar atentos frente a la contienda política que traería una nueva Carta Magna.
Poco después incluso llegaron los ofrecimientos económicos y también políticos. Entre estos el voto facultativo, la homologación salarial militar y la subvención de sus pensiones. Incluso comprometió, en junio del 2007, unos USD 600 millones en contratos a favor de las Fuerzas Armadas, para solucionar la emergencia vial del país, a través del trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Ricardo Camacho, experto en seguridad y temas castrenses, recuerda que en un inicio Correa confiaba mucho en los uniformados. Muestra de ello es que otorgó el manejo de Petroecuador a la Fuerza Naval, la misma construcción de carreteras al Ejército y aceleró el incremento salarial.
Después de más de nueve años, el escenario es distinto.
El Gobierno, dice Moncayo, ha nombrado ministros civiles, quienes han tenido una evidente “antipatía” con las FF.AA., lo que ha provocado molestia en los uniformados.
Esto lo rechaza Miguel Carvajal, legislador de Alianza País y exministro de Defensa. Él sostiene que los roces con los militares se deben a la desinformación sobre temas puntuales, porque, en realidad, siempre se han garantizado
todos los procesos.
Sobre la actitud del presidente Correa, en cambio, dice que ha sido respetuoso de la institucionalidad y que, en ese sentido, también ha exigido “respeto a las normas constitucionales y legales”.
Al igual que cuando inició el gobierno de Correa, hoy uno de los temas de debate son las pensiones militares. Y los uniformados han pedido ser parte de la discusión, aunque sin mayor éxito.
El jueves, los militares retirados quisieron ingresar a la Asamblea Nacional para estar en el primer debate de las reformas, pero no les permitieron.
En medio de este escenario, la última encuesta de Market a través de su publicación Monitor muestra que 66,8% de ecuatorianos confía en las FF.AA., frente al 24,4% que confía en el Presidente.
Uno de los factores recientes que ha influido en la imagen de los militares frente a la ciudadanía fue su trabajo en la emergencia por el terremoto del pasado 16 de abril.