Agentes en motocicletas custodian la salida de los estudiantes. Foto: Fernando Medina / EL COMERCIO
Se ocultan en las esquinas, detrás de los vehículos o dentro de tiendas, panaderías y cabinas. Son grupos de tres y seis personas y fingen ser clientes. Usan ropa holgada, capuchas y mochilas.
Se trata de jóvenes que no superan los 20 años, pero que se especializaron en amedrentar a los estudiantes con pistolas, cuchillos y destornilladores.
En Quito, las primeras señales de estos grupos delictivos se sintieron el año pasado y desde entonces han mutado sus formas de atacar. Al inicio operaban en las afueras de los planteles, pero la instalación de cámaras (1 400 en el país) modificó el modo de operar.
Ahora interceptan a los estudiantes en el trayecto entre el colegio y las paradas de buses.
No son estructuras grandes, pero tienen un mecanismo ordenado para asaltar.
Mientras unos arrinconan a los alumnos, otros vigilan la llegada de policías. Si esto sucede simulan peleas callejeras, para distraer a los agentes y escapar.
Pero la situación se agrava porque los uniformados detectaron que estos grupos también se dedican al microtráfico. Para eso tienen todo un sistema montado. Primero captan a los más pequeños de entre 12 y 15 años. Las primeras dosis son gratis, pero luego las venden a USD 1 cada funda.
Estos hechos no son aislados. La preocupación por los ataques a los alumnos y el microtráfico en los planteles llevó a tres ministerios (Interior, Seguridad y Educación) a tomar decisiones. De allí que el año pasado se instalaron cámaras, se ejecutaron inspecciones en las aulas, se incrementaron los policías para vigilar los centros educativos y el ECU 911 monitoreó los exteriores de los planteles.
La proyección para este año es que más colegios incorporen estas seguridades. Se habla de 735 instituciones y 1 424 cámaras operativas en total en el país.
En los colegios hay temor. Por ejemplo, el miércoles, en un plantel en el norte de Quito, su rector recordó que hasta finales del año pasado, la situación se agravó y al día tenían al menos cinco estudiantes que eran asaltados o golpeados por desconocidos.
El funcionario pidió la presencia de policías en las horas de entrada y salida de los chicos. Los 20 inspectores que laboran en ese plantel también extendieron sus horarios de trabajo y con brigadas de padres de familia realizan rondas dentro y fuera del colegio.
Algo similar sucedió en otro establecimiento del centro de la ciudad. El lunes, su director relató cómo hace un mes, dos de sus inspectores se enfrentaron con los sospechosos para defender a tres alumnos.
De esa experiencia tienen fotografías y videos del momento en que los agentes los detuvieron. Una hora después, los detenidos quedaron libres porque los padres de los chicos no denunciaron las agresiones. Tienen miedo que sus hijos sufran represalias.
Los uniformados que custodian los colegios dicen que ese es otro de inconveniente para desarticular esos grupos, pues al no existir las denuncias, los detenidos son liberados y siguen con sus actividades.
Por eso, en otros establecimientos han combatido a los microtraficantes y a los agresores empleando “la fuerza”.
Ese es el caso de un colegio que su nómina de estudiantes supera los 3 000. El rector del plantel, que está en el Centro Histórico, dice que han tenido que agruparse y enfrentarlos.
En otros planteles reforzaron su personal de seguridad. Las autoridades admiten que esa medida se tomó porque descubrieron que las bandas entraban a la institución con uniformes y vendían drogas.