6 de July de 2009 00:00

El robo a almacenes sube en la av. Ilaló en Los Chillos

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Redacción Quito

A las 18:00, la av. Ilaló, una de las principales transversales que conecta al valle de Los Chillos con El Tingo, La Merced y Alangasí, queda semivacía. A esa hora, la mayoría de locales cierra sus puertas. Esta decisión se tomó hace tres  años cuando un 70% de almacenes fue víctima de robos a mano a armada en la avenida.

Los hermanos Janeth y Andrés Patiño atienden desde hace siete años la Joyería y Relojería Dubay. Desde entonces han sido víctimas de cinco asaltos. El más grave fue hace tres años; les vaciaron el local y perdieron USD 50 000 en mercancía. “La Policía nunca llegó, no sirve para nada, más que pedir contribuciones en el día del policía”, señala Andrés Patiño, quien tiene tres cicatrices en su cráneo, producto de aquel asalto que lo llevó al hospital.



11 UPC hay en la zona
La Unidad de Vigilancia Comunitaria del valle de Los Chillos habilitó el teléfono 207 2277. En ese número se  reciben llamadas de auxilio. Trabajan 77 policías.   
En el sitio hay 11 Unidades de Policía Comunitaria (UPC).  Atienden a sectores como  Conocoto, Alangasí, La Hospitalaria, La Merced, entre otros.A Roberto Herrera, administrador del restaurante Wild Bull, le robaron hace un año y medio. “Mientras salí a pedir auxilio a los vecinos, el 50% de los clientes ya fue asaltado”.

Tras aquel saqueo, Herrera se organizó con los propietarios de los locales comerciales. Llevaron sus quejas a la Policía y tuvieron eco, “pero momentáneamente”, dice el propietario del restaurante. Dos policías patrullaron la zona por dos semanas, “trabajaron  como ejecutivos de 09:00 a 15:00, pusieron un patrullero en la esquina, pero con ellos al frente se robaban los accesorios de los vehículos estacionados”.

Este  último delito –comenta Martín Jácome, un morador del barrio- es común. “No se puede dejar estacionado un carro  porque  en cinco minutos se roban las llantas, las plumas y el radio. A él le sustrajeron los aros de su vehículo hace dos semanas.

Víctor Hugo Martínez, gerente de Farmared’s, que está ubicado también en la misma calle,  se queja de la gestión oficial. “Llamamos a  la Unidad de Policía  que está a dos cuadras, pero dijeron que ellos atienden a las personas de Sangolquí y no de Quito, nos toca llamar a la Policía de Alangasí”. 

Martínez  se refiere al hecho de que la av. Ilaló está considerada por la Policía  como administración del Distrito y no del cantón Rumiñahui. La Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Alangasí funciona a 20 minutos del lugar. 

“Llegan luego de dos horas de que se producen los asaltos, la Policía tiene frontera, no nos colaboran”, se refiere Patricia Ramírez, propietaria de la  Panadería Donde Tacha, al hecho de que la Policía esté dividida por zonas en el sector y se niega a atenderlos cuando tienen una emergencia.

Los moradores del sector trabajan ahora con la Administración valle de Los Chillos del Municipio de Quito. Esta entidad, através de la Corporación de Seguridad Ciudadana, prepara un plan para combatir a la delincuencia. Se tiene planteado dar charlas a los moradores sobre seguridad, así como montar alarmas comunitarias en  algunos de los locales comerciales de la zona.  

El subteniente Alexis Cifuentes, de la Unidad de Vigilancia Los Chillos, que se encuentra en el Puente 8 de la av. General Rumiñahui, considera que es responsabilidad de la Policía atender todos los sucesos del sector. “Si los policías de las UPC no quieren atenderles pidan el  nombre y denúncienlos a la autoridad”. En la zona hay 11 UPC, que atienden a sectores como Amaguaña, La Merced y Sangolquí.

El mayor Xavier Torres, jefe de la Unidad de Vigilancia Los Chillos, explica que los operativos de control son continuos. Realizan tres redadas de armas  en el día.

En las UPC trabajan 77 personas. El viernes pasado, la Policía entregó ocho motos  a los uniformados del sector. Esto se sumará a las dos unidades móviles que actualmente realizan patrullaje. Torres dice que a la semana tienen cinco llamados de emergencia por asalto a domicilios, cuatro de ellos por violencia intrafamiliar.

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