23 de May de 2015 20:17

Roberto López: ‘Nos encontramos con una ciudadanía que está indefensa’

"Los derechos nacen para proteger al ciudadano frente al Estado y, mejor dicho, ante quienes detentan ese poder”. Foto: Joffre Flores/ EL COMERCIO

"Los derechos nacen para proteger al ciudadano frente al Estado y, mejor dicho, ante quienes detentan ese poder”. Foto: Joffre Flores/ EL COMERCIO

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Santiago Estrella
Editor (I)

Entrevista

Roberto López/ Abogado constitucionalista y articulista de opinión

Usted presentó ante la CIDH una demanda en contra de la Ley de Comunicación sosteniendo que no hay la exposición de motivos. ¿Qué significa que una ley no las tenga?

La exposición de motivos es el justificativo para escribir una norma que regule la vida y el comportamiento social de un país. Si escribo una ley porque me da la gana porque soy el gobernante, estoy siendo arbitrario, absolutista.

¿Está siendo la arbitrariedad una política de Estado en el país?

La arbitrariedad se ha convertido en la razón de ser de los actos del gobernante. En realidad nos encontramos ante una ciudadanía indefensa que se siente atropellada y desprotegida porque ya no seguimos este esquema universal. En Alemania, por ejemplo, se llama Estado de Derecho; en Estados Unidos, gobierno de las leyes (no el de los hombres); en Inglaterra las reglas de la ley. Toda la civilización ha llegado a una concepción en el que se obedecen las normas jurídicas y los gobernantes actúan de acuerdo con la ley porque eso excluye la arbitrariedad.

Pero, ¿en Ecuador?

El ciudadano se siente desprotegido porque si el Presidente -y esta es una expresión textual suya- mete la mano a la Justicia y a la propiedad privada de los fondos de los jubilados y a los de los maestros, el ciudadano se siente desprotegido porque sabe que no tiene quién lo defienda. Los jubilados saben que si van a la Corte Constitucional, los jueces van a fallar en contra, como ha sucedido en tantas otras cosas. El único mecanismo que tiene la ciudadanía es acudir a los organismos internacionales a pedir una justicia independiente de todos los poderes del Estado.

Usted habla de un Estado de Derecho, pero otros hablan del Estado de derechos. ¿Cuál es la diferencia?

Los derechos son solo posibles en el Estado de Derecho. No significa otra cosa que la sumisión del gobernante antes las normas jurídicas. Y los derechos son embriones que tienen los ciudadanos frente al poder. Lo que pasa es que esta concepción se está haciendo para pervertir el derecho a la libertad de expresión porque ahora el Estado está tratando de validar un derecho a la comunicación, que en realidad no existe.

Si no existe el derecho a la comunicación, ¿qué existe entonces?

Lo que existe en los instrumentos internacionales es el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero en Ecuador estamos hablando de los derechos del Estado a comunicar y anulando los conceptos de libertad de expresión. Los derechos nacen para proteger al ciudadano frente al Estado y, mejor dicho, ante quienes detentan ese poder. El Estado no tiene derechos.

El Jefe de Estado dice que al serlo es jefe de todas las funciones del Estado...

El poder estatal es un solo, pero ese poder se ejerce en distintas funciones. Al decir que por ser el jefe del Estado es el que dirige todas las funciones, muestra el desconocimiento que tiene del sistema presidencial, que es de equilibrio de funciones. Cada función es un freno y contrapeso que limita el ejercicio de otras funciones de acuerdo con las normas que están en la Constitución.

¿Y la figura del Presidente como colegislador?

En ninguna parte del mundo se le ocurre decir que el presidente es un colegislador porque eso significa interferencia del Ejecutivo en la esfera del Legislativo. Solamente en este país podemos manejar un concepto así y que además no está en la Constitución.

Fueron días complejos: la intervención en el Fondo del Magisterio, la detención de un funcionario del Estado, sanciones a los medios. ¿Hasta qué punto el Estado tiene tanta prerrogativa y cuál es la validez que tienen los límites a las instituciones?

El Gobierno nos tiene discutiendo si los fondos provienen del
Estado, pero cuando se los otorgó el Estado fue por Ley, entonces son propiedad del maestro, de lo contrario habría sido peculado. La garantía a la propiedad privada significa que estos fondos transferidos a los maestros son de ellos sin discusión de cuál fue su origen. El Estado no puede desconocer ahora lo que hizo antes. Al margen de irrespetar el procedimiento de las auditorías, que además fue hecho por ellos mismos, se está violando la garantía constitucional de la propiedad privada.

¿Es posible declararse en resistencia en el país?

Desgraciadamente la norma constitucional está mal construida porque el derecho a la resistencia lo dejaron abierto, porque la mejor forma de que una garantía no se cumpla es cuando no se sabe lo que es.

¿Cómo la ciudadanía, en ejercicio de sus derechos y con la aplicación de la ley, puede protegerse ante un Estado que también se cree sujeto de derechos?

El único camino son las cortes internacionales. La Constitución está hecha de una forma tramposa. Por ejemplo: las reformas y las enmiendas. Las enmiendas solo se producen en el sistema estadounidense y son añadidos al final de la Constitución. Entonces, no pueden decir que los cambios al texto de la Constitución sean reforma o enmienda. Los dos son alteraciones de lo que está escrito. Una enmienda nunca puede tocar un texto escrito.

Y en qué va a quedar su recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuánto se debe esperar?

Eso depende de cuánto se apoya a la denuncia de parte de los medios. La libertad de expresión es fundamental en la Convención Interamericana.

Hoja de Vida 

Roberto López es doctor en Jurisprudencia y fue profesor de Derecho Constitucional. Su doctorado fue en Teoría Constituyente. Ahora se encuentra en libre ejercicio de su profesión. Es columnista del diario Expreso.

Su punto de vista  

Desde el poder no se entiende el equilibrio de las funciones del Estado. Además, existe la confusión entre Estado de Derecho y Estado de derechos. Presentó una demanda ante la CIDH por la Ley de Comunicación.

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