15 de julio de 2017 16:38

Río de Janeiro aprueba una polémica norma para restringir el acceso a barrios

En medio de una crisis económica en Brasil, la violencia y la delincuencia han ido en aumento en la ciudad. En la foto, acompañantes en el funeral de Guilherme Anselmo de 15 años que fue asesinado por negarse a entregar su teléfono celular a unos ladrones

En medio de una crisis económica en Brasil, la violencia y la delincuencia han ido en aumento en la ciudad. En la foto, acompañantes en el funeral de Guilherme Anselmo de 15 años que fue asesinado por negarse a entregar su teléfono celular a unos ladrones en Río de Janeiro el pasado 13 de julio del 2017. Foto: AFP

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Agencia DPA
Río de Janeiro, Brasil

La ciudad de Río de Janeiro aprobó una ley que permite que los vecinos de la ciudad decidan quién puede o no entrar y circular por sus barrios, según publicó este 15 de julio del 2017 el periódico "Globo".

La reglamentación municipal establece en sus artículos más polémicos que los habitantes de un barrio pueden decidir prohibir la entrada de personas entre las 22:00 y la 07:00 de la mañana, mientras que la circulación de vehículos necesitará de su aprobación en cualquier horario del día.

Esta ley aún no entró en vigor porque el alcalde "carioca", Marcelo Crivella, la envió a la Procuraduría General del Municipio para que analice su legalidad. En junio, los legisladores de la ciudad habían anulado el veto del alcalde a este proyecto, y ahora la municipalidad tiene 90 días para sancionarlo definitivamente o no.

Esta nueva normativa transfiere más poder a los vecinos sobre el control de sus barrios, ya que en la ciudad está legislado que los habitantes puedan instalar barreras y servicios de seguridad, pero sin la potestad de prohibir la entrada de personas o vehículos.

La sanción de esta normativa ha sido criticada por especialistas porque consideran que viola derechos garantizados por la Constitución como el de libre circulación, al mismo tiempo que transfiere a particulares la responsabilidad de control que debe ejercer el poder público.

"Esa ley les da a los vecinos la posibilidad de examinar y decidir quién entra y quién no al barrio. La destinación de un bien de esa naturaleza -por los espacios públicos- es la circulación de personas.

La inconstitucionalidad de la ley está en que ese control pasa a ser privado", explicó a "Globo" Felipe de Melo Fonte, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas.

Melo Fonte también expresó que considera que esta ley favorece el surgimiento de milicias, como son conocidos en Río de Janeiro las organizaciones paramilitares que ofrecen servicios de seguridad en diferentes localidades de la ciudad.

Por su parte, la autora del proyecto, Rosa Fernandes, del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, descartó que la normativa facilite la formación de grupos paramilitares y reconoció que la polémica aumentó por el subida de la tasa de criminalidad en la "Ciudad Maravillosa".

"Aumentó la presión para cerrar calles. La cultura suburbana de permanecer en la puerta de casa se terminó. No hay forma de impedir los asaltos, la solución es dificultarlos", defendió su proyecto Fernandes.

La violencia aumentó en la ciudad desde que terminaron los Juegos Olímpicos el año pasado, cuando se disolvió la fuerza nacional destinada a controlar la seguridad del evento y de la ciudad. La crisis que afecta al país sudamericano, y a la ciudad y el estado de Río de Janeiro en particular, ayudó a aumentar los casos de violencia.

Ante la crisis, los gobiernos municipales y estaduales cariocas redujeron los presupuestos destinados a seguridad, salud y educación.

Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro, en el barrio de Copaaba, una de las postales turística de la ciudad, los asaltos aumentaron un 128% en los últimos dos años.

En marzo, el IPS había divulgado otro estudio que mostró que por la violencia en el estado los homicidios dolosos en febrero aumentaron un 24,3% en comparación con el mismo mes de 2016, el mayor índice en nueve años, mientras que la muerte de policías en servicio pasó de 49 en el segundo mes del año pasado a 84%, un aumento de un 71%.

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