EL COMERCIO, QUITO, GDA
Si se pudiera colorear un mapa latinoamericano para identificar los distintos niveles de respeto a la libertad de expresión y de protección al ejercicio del periodismo, el continente quedaría dividido en tres grandes regiones.
Es decir, en los países que tienen mayores garantías; aquellos asolados por leyes y reformas estatales orientadas a detener el trabajo de investigación y la opinión en democracia y, finalmente, las naciones donde el crimen organizado ha hecho del periodismo un oficio peligroso.
Cuba, Colombia y México son los países de la región más riesgosos para el periodismo.
Chile, Puerto Rico, Uruguay, Perú, El Salvador o Costa Rica tendrían, por ejemplo, un mismo color. Con legislaciones de avanzada, como la chilena y la uruguaya debatidas durante este 2009, el ejercicio periodístico en esas naciones goza de amplias garantías para su desarrollo. Y aunque la relación entre la prensa y el poder siempre genera momentos de tensión, las libertades públicas terminan por imponerse. Es el caso de la prensa peruana que, por ejemplo, en agosto del año pasado evitó que se aprobaran reformas legales sobre el principio de rectificación. La opinión pública de ese país vio esa iniciativa como una auténtica mordaza que, por la presión ciudadana, no llegó a prosperar.
Las luces de alerta se posan sobre países donde las principales muestras de intolerancia y persecución vienen de los gobiernos de turno. Venezuela lleva 10 años bajo un régimen que ha cerrado un canal de televisión (RCTV), bajo la figura de la no renovación de su licencia, y otras 34 radioemisoras. A través de un amplio paraguas legal, proporcionado por la Asamblea Nacional, el presidente Hugo Chávez tiene en sus manos instrumentos legales con los cuales detener al periodismo venezolano.
En Ecuador el panorama es incierto. A pocos días de iniciarse el debate de la denominada Ley de Comunicación, el movimiento político que respalda al presidente Rafael Correa ha dado señales de querer controlar los contenidos de la prensa independiente, regular y aplicar sanciones, así como abrir excesivos espacios a la difusión del mensaje oficial por todas las vías mediáticas posibles. Esto, en el marco de una permanente confrontación entre Correa y los medios de comunicación a quienes acusa de “corruptos y mediocres”.
En Bolivia, las tensiones entre Evo Morales y la prensa son tan preocupantes como las que el nicaragüense Daniel Ortega mantiene con los medios de su país.
Si bien Brasil abolió la Ley de Prensa de la dictadura, vigente desde 1967, ese país registra altas tasas de persecución a periodistas y medios. En tan solo un año, se han registrado 31 casos de censura previa, pago de indemnizaciones exorbitantes y amenazas de agresiones en contra del ejercicio diario de la búsqueda de la noticia. El papel que ha jugado la Justicia brasileña en garantizar la libertad de expresión ha sido blanco de duros cuestionamientos.
Cuba, Colombia y México continúan a la cabeza de la lista de países donde los riesgos de ejercer el periodismos son los más altos de la región. Cuba no es una novedad: el sistema político de ese país, pese al relevo entre Fidel y Raúl Castro, no ha permitido una prensa independiente.
En Colombia, la amenaza a la libertad de expresión no viene de las instancias estatales. Los rezagos de su largo conflicto armado, alimentado por los tentáculos del narcotráfico, es una amenaza permanente. En México, la situación es de gravedad, también por cuenta del crimen organizado y el tráfico de drogas que, desde el 2000, ha segado la vida de 55 comunicadores. Nueve se produjeron durante este año. México es el país más peligroso del continente, donde pesa la presión de ciertas autoridades estatales censurar el trabajo del periodismo.
El Grupo de Diarios América hizo un recorrido por Latinoamérica para medir el actual clima de respeto a la libertad de expresión, pues se trata de un tema cuyo debate trasciende las fronteras nacionales e incluso regionales.