La Junta es la figura institucional y legal clave en la que el Gobierno sustenta su esquema de control y regulación económica y financiera, aunque por ahora no resulta ser esa instancia ejecutiva que genere dinamismo en los sectores que supervisa.
Actualmente, está vigente la Junta de Regulación del Mercado de Valores, que se creó en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario (Registro Oficial del 20 de mayo del 2014). Esta ley se aprobó en la Asamblea en marzo pasado y, transcurridos cuatro meses, en el sector bursátil aún se esperan sus decisiones para que este segmento económico no caiga en el estancamiento.
Entre las decisiones que pasan por sus manos está la de impulsar la simplificación de procesos en el sector societario, dar paso al cambio del Registro Especial de Valores No Inscritos (Revni) por el Sistema Especial Bursátil (algo que tiene preocupados a nuevos emisores del mercado), el funcionamiento de los bancos de inversión, etc., situaciones que aún no se ponen en marcha y ponen un freno al desempeño de un sector que demanda más dinamismo en el país.
La Junta de Regulación del Mercado de Valores está integrada por el Ministro de la Política Económica, el de la Producción y un delegado del Presidente de la República. También integran esta Junta los superintendentes de Compañías, de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, quienes tienen voz, pero sin voto.
Las cabezas de esta Junta se volverán a encontrar en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, si se aprueba tal como está el proyecto de Código Monetario.
El riesgo que genera esta excesiva concentración de poderes y gestión burocrática, a través de dos Juntas claves, es que el desempeño de dos sectores fundamentales de la economía se frene.
La regulación debe concebirse como una herramienta para proteger el interés general (empresas y consumidores) y no como un mecanismo para entorpecer el mercado.