23 de junio de 2017 00:00

Ricardo Rivera fue arrestado tras 14 días de rastreo

El 2 de junio pasado, los policías detuvieron en el Puerto Principal a Ricardo Rivera. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El 2 de junio DEL 2017, los policías detuvieron en el Puerto Principal a Ricardo Rivera. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

La indagación del caso Odebrecht revela más datos. Información oficial señala que antes de ser detenido Ricardo Rivera y otros cinco sospechosos fueron rastreados por 14 días.

Los agentes vigilaron, fotografiaron y grabaron audios y videos. De hecho, un capitán de la Dirección Nacional de la Policía Judicial dirigió esas operaciones, que se desarrollaron entre el sábado 20 de mayo y la madrugada del 2 de junio del 2017.

El 20 de mayo poco antes de las 15:30, la fiscal Diana Salazar, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, envió un acto urgente a la Unidad Penal de Quito para que se autorizara el seguimiento judicial.

La investigadora advertía en el oficio que conocía información confidencial sobre la existencia de un posible delito de delincuencia organizada perpetrado por la constructora brasileña y los sospechosos.

Después de esas diligencias, el capitán de la Policía Judicial envió a Salazar los resultados de la vigilancia. En el documento, de cinco páginas, aparecen las fotografías del funcionario público Carlos Villamarín y de los empresarios Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas; Gustavo Massuh, José Antonio Catagua y Kepler Verduga (José Terán fue liberado, pues la Fiscalía no formuló cargos en su contra).

También hay imágenes de las fachadas de sus residencias, y de Diacelec, una compañía que funciona en el noroccidente de Quito. En el informe de la PJ, el oficial asegura que esta empresa aparentemente recibió dinero de Odebrecht en efectivo y que aquello se concretó a través de transferencias efectuadas por otra compañía en el extranjero.

De los hoy procesados, en cambio, la PJ señala que todos aparentemente se beneficiaron de pagos ilícitos de la constructora y tienen ingresos presuntamente injustificados.

Pero sus defensores han dicho que sus clientes son inocentes, lo cual demostrarán durante el proceso.

Por eso apelaron a la prisión preventiva que pesa en su contra.
Pablo Díaz, abogado de Verduga y Catagua, aseguró que sus clientes nuca tuvieron conciencia de que eran investigados ni relacionados con el caso Odebrecht. “Al punto de que fueron detenidos en su casa. Nunca abandonaron el país o vendieron las acciones cuando EE.UU. reveló” su informe.

Por pedido de la fiscal Salazar, este juicio se declaró reservado, aunque el caso ya había pasado a una fase pública.

El jueves 22 de junio, la abogada de Rivera, Ivonne Núñez, dijo que solicitó que el sigilo sea levantado. “Somos los primeros en pedirle al juez de Garantías Penales que revoque esa providencia. El caso no tiene que ser reservado, porque la ley no lo admite, no es un delito contra la estructura del Estado”.

Para ella, la reserva más bien afecta la imagen de su cliente. “Crea una telaraña de dudas en la sociedad ecuatoriana y parecería que el ingeniero Rivera no quisiera que se conociera del todo el trámite”, agregó.

Por esa razón, el miércoles, la abogada presentó un escrito a la Corte de Pichincha para que una autoridad revise la decisión del juez que lleva el caso. Este pedido lo tramita el juez Ignacio Carrasco.

Sobre Rivera, los informes de la PJ detallan la denuncia que en enero del 2015 le interpuso Andrés Páez, por supuestas transferencias de USD 22,8 millones a bancos que operan en paraísos fiscales.

La investigación dice que él recibió USD 5 millones de Odebrecht, a través de transferencias bancarias y otros USD 8 millones en efectivo.

En este caso, Carlos Villamarín es el único funcionario público. Registra movimientos migratorios a Italia, Suiza, EE.UU., Corea del Norte, Brasil, China, Colombia, Venezuela y Perú. Según los documentos policiales, su último viaje fue a Nueva York, el 23 de mayo pasado, nueve días antes de ser detenido. En el 2016 presentó su declaración patrimonial en la Contraloría y allí se dice que tiene tres autos a su nombre.

Los agentes encubiertos también identificaron a Gustavo Massuh, un abogado guayaquileño que fungía como presidente de la compañía Agrícola Clemensa y como gerente general de Canyoconsulting y de Agrícola Las Avispas.

Su último viaje fue a Washington, Estados Unidos, el 24 de mayo. Y retornó al país cuatro días después.

De Kepler Verduga, los seguimientos solo refieren que se dedica a la venta al por mayor y menor de materiales de construcción a través de Equitransa. El gerente general de esa compañía, José Antonio Catagua, también fue vigilado y los informes dicen que él ha viajado a EE.UU., España, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Panamá. Su última salida fue a España, el mes pasado.

En contexto

El caso Odebrecht estalló el 21 de diciembre del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara que la constructora brasileña habría pagado sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios públicos del Ecuador desde el 2007.

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