Parece que en el Ecuador lejos de que el sector eléctrico se modernice, cada vez retrocedemos cual crustáceo.
Una muestra palpable de esta premisa son los temidos apagones que desde hace varias décadas se busca remediarlos, pero cada Gobierno se ha hecho de la vista gorda y paradójicamente no encuentran solución.
Los problemas que acarrean estas suspensiones programadas no solo afectan a la productividad, sino a negocios comerciales, genera inseguridad, caos vehicular, afectación a otros servicios como el agua potable, educación y hasta el desempleo, que se ve incrementado porque ningún empresario va a contratar a personas para que no hagan nada en su pequeña o gran industria.
Según la perspectiva general, la crisis del sector eléctrico no solo es energética sino moral: un botón de lo anterior lo describe mejor en el estudio presentado a la Asamblea Nacional.
Considero que la prensa tiene un rol importante en la lucha contra los malos servicios públicos, pues como se puede apreciar día a día no solo nos dejan sin luz cuando bien pueden, sino como agravante se conoce que desde hace más de una década se cobra en nuestras planillas mensuales de consumo eléctrico una tasa ilegal como es la correspondiente al alumbrado público.
Sobre este tema casi todas las entidades públicas de la llamada revolución ciudadana (incluida la actual Alcaldía) conocen pero mantienen un silencio que no se compadece con el bolsillo de los ciudadanos -a quienes ahora quitan arbitrariamente el fluido eléctrico.
La tan pregonada revolución del siglo XXI debiera no ser solamente de ideas sino también moral, situación que hasta ahora no se la percibe.