23 de enero de 2016 00:00

El retraso en las rentas puso en apuros a 33 parroquias rurales

En San Antonio  las obras bajaron el ritmo. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

En San Antonio las obras bajaron el ritmo. Foto: Diego Pallero/EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

Fue un aliciente. La noticia de que el Ministerio de Finanzas hizo el jueves una asignación parcial de la deuda que mantiene con las juntas parroquiales del Distrito Metropolitano alivió la situación. Sin embargo, al no estar completo el pago, la preocupación continúa.

Las 33 parroquias rurales de Quito reciben, mes a mes, una asignación del Gobierno central que les permite planificar la inversión en sus jurisdicciones. Algunas no habían recibido sus depósitos desde hace seis meses; otras, la mayoría, desde diciembre

Con esta realidad surge una pregunta: ¿cómo los gobiernos autónomos han logrado sortear los problemas que la falta de pago generó en las parroquias?

Guayllabamba, por ejemplo, recibió el depósito solo hasta julio pasado. Luis Gaitarilla, presidente de la Junta, asegura que no pudieron recibir las cuotas por un problema contable. “Por error de la tesorera contadora no pudimos estar al día en la información proporcionada al Ministerio, pero ya nos igualamos y estamos esperando el depósito”, señala.

Esta parroquia logró cancelar el sueldo de los trabajadores gracias a un colchón con el que contaban para eventualidades. Además, se retrasó la construcción de un minicomplejo inclusivo, además de canchas y juegos para niños y adultos mayores.

Gabriel Noroña, presidente de la Junta de Píntag, señala que a pesar de haber estado al día en las declaraciones, hubo retraso en el pago de diciembre. Eso le obligó a dejar de invertir en obras pequeñas. Tenía planeado asfaltar 12 kilómetros de vías, pero solo alcanzará para 10 km.

Perucho, por la falta de pago, debió detener la restauración de la tenencia política. La deuda del Finanzas es mayor en el caso de Pomasqui. Jaqueline Castro, su presidenta, cuenta que no ha recibido el pago desde septiembre. Cada mes ingresa alrededor de USD 34 000. Según Castro, la parroquia debió suspender la rehabilitación de la piscina y ocupar los USD 80 000 presupuestados para realizar pagos a proveedores, servicios y los sueldos de 15 funcionarios. En Atahualpa, en cambio, se dejó de construir un coliseo y se ocuparon esos USD 70 000 para cumplir otros pagos.

En cambio, en Chavezpamba, Nono, Guangopolo y Puéllaro no se pudo cancelar a tiempo los sueldos de diciembre. También debieron suspender obras relacionadas con vialidad, el arreglo de paradas y espacios públicos.

Álex Troya, de Pomasqui, explica que en el caso de su jurisdicción, las obras no se han suspendido, pero se ha bajado la intensidad, por ejemplo, en obras de alcantarillado, de vialidad y de reforestación. Asegura que la parroquia apostará al trabajo comunitario.

En Checa, el dinero no llega desde octubre, por lo que se detuvo la obra pública para cumplir con las asignaciones laborales.

Están al día con los sueldos, pero se suprimió la construcción de adoquinado junto a una escuela educativa y el mejoramiento de aulas.

La historia fue similar en Nayón. Para cancelar los sueldos de los empleados se debió suspender la construcción de una estructura para uso de los visitantes al parque principal de la parroquia.

En Calderón, en cambio, la planificación permitió cumplir los pagos. “Sabíamos que venían días difíciles así que nos organizamos y distribuimos el dinero con el que contábamos. Empezamos las obras pagando el 50% y al finalizar debemos terminar de pagar”.

El presupuesto entregado por parte del Estado depende del número de habitantes en cada parroquia. Por ejemplo, Calderón que tiene 152 642 habitantes debía recibir cerca de USD 2,1 millones durante el año pasado, mientras que Chavezpamba, que cuenta con 801 habitantes, le corresponde unos USD 154 000.

Hay dos razones por las cuales los depósitos no se pudieron concretar: un incumplimiento contable por parte de algunas juntas parroquiales y una falta de liquidez por parte del Ministerio. Así lo explica Gabriel Noroña, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, de Pichincha. Además, debido a la crisis económica, las asignaciones para las juntas parroquiales disminuirán un 12% este año.

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